El cierre de la mayoría de los pasos fronterizos con Colombia y Perú, dispuesto por el Gobierno, es una decisión cuestionable. Aunque se invocan razones de seguridad nacional, el impacto social y económico es inmediato.
Las medidas excepcionales deben ser claras, proporcionales y eficaces. Cuando generan más costos visibles que beneficios comprobables, es legítimo exigir una revisión responsable.
Ecuador mantiene habilitados solo los pasos de Rumichaca y Huaquillas, bajo el argumento de concentrar controles y frenar al crimen organizado. Sin embargo, las fronteras no son solo líneas de seguridad. Son espacios de intercambio vital para miles de familias que dependen del comercio, el turismo y los servicios binacionales. El cierre afecta directamente a economías locales ya debilitadas y a relaciones comerciales con dos de sus socios estratégicos.
Además, la efectividad de la medida es discutible. El narcotráfico, el contrabando y otras economías criminales no operan principalmente por pasos formales. Los corredores ilegales siguen activos pese a las restricciones oficiales. Cerrar fronteras regulares sin resultados visibles contra el delito transmite una señal de control aparente, pero no de solución estructural.
El Gobierno afirma contar con informes técnicos y de inteligencia, lo cual se respeta, pero no ha transparentado criterios ni plazos. Sin una pública, la medida corre el riesgo de prolongarse sin resultados positivos.
