El Municipio de Manta atraviesa una crisis financiera tras los retrasos en las transferencias del Estado. El lunes 29 de septiembre, la alcaldesa Marciana Valdivieso denunció que la deuda ascendía a 6,6 millones de dólares correspondientes a tres meses. Sin embargo, el viernes 3 de octubre, el asesor municipal Pedro Zuluaga corrigió la cifra a 4,4 millones, al confirmar que una cuota había sido pagada días antes. Mientras persiste la controversia entre las autoridades locales, el sindicato de trabajadores municipales reclama dos meses de salarios impagos y advierte con una posible paralización si no se cumple con los pagos.
Diferencias en las cifras de deuda
La alcaldesa Marciana Valdivieso explicó que el cabildo esperaba tres cuotas de 2,2 millones de dólares cada una que no habían sido transferidas por el Estado. Según su versión, la deuda acumulada era de 6,6 millones de dólares, lo que limita la ejecución de proyectos, el cumplimiento de obligaciones y la continuidad de los servicios municipales.
No obstante, el asesor Pedro Zuluaga precisó días después que una de las cuotas había sido cancelada aproximadamente diez días antes, reduciendo la mora a dos meses, es decir, 4,4 millones de dólares. La diferencia en las cifras refleja la dificultad de control y seguimiento de las transferencias dentro de la administración local.
El modelo de equidad, mecanismo por el cual el Estado distribuye recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, se ha convertido en el punto central de la controversia. En los últimos meses, varios municipios del país han denunciado retrasos similares.
Reclamos del sindicato de trabajadores
El sindicato municipal, encabezado por Roberto Vera Zambrano, confirmó que los sueldos correspondientes a agosto y septiembre siguen pendientes. El dirigente explicó que el rol mensual de pagos asciende a 640.000 dólares, por lo que la deuda en salarios supera 1,2 millones de dólares.
“Ya estamos en octubre y no nos han cancelado dos meses”, señaló Vera. Según el sindicato, la situación afecta directamente a 2.000 familias que dependen de los ingresos de los trabajadores municipales.
El gremio rechazó la propuesta de recibir únicamente el 75 % del sueldo de agosto y mantiene su exigencia de pagos completos. Ante la falta de respuesta, los trabajadores no descartan medidas de presión como una huelga o movilización general.
Servicios básicos bajo presión
Los retrasos no solo afectan los salarios, sino también la prestación de servicios básicos. El sindicato reportó problemas en el abastecimiento de combustible para los vehículos recolectores de basura, lo que pone en riesgo la limpieza en la ciudad.
Asimismo, denunciaron una reducción progresiva del personal debido a jubilaciones y fallecimientos sin reposición de plazas, lo que incrementa la carga de trabajo en las cuadrillas operativas. En algunos casos, aseguran que faltan herramientas y equipos para cumplir con las labores diarias.
El gremio señaló que pospuso una protesta tras un compromiso de pago que finalmente no se concretó. Ahora, mantienen abierta la posibilidad de iniciar acciones de protesta.
Comparación con otros cantones
El dirigente sindical destacó que mientras municipios vecinos como Portoviejo y Jaramijó han cumplido con el pago de salarios, Manta continúa acumulando retrasos. Solicitó que la alcaldesa lidere una comisión para gestionar directamente ante el Ministerio de Finanzas la entrega de los recursos pendientes.
Por su parte, Valdivieso insistió en que el cabildo trabaja para garantizar la continuidad de los servicios y reiteró su compromiso con los trabajadores. No obstante, reconoció que la situación es “complicada” y que el retraso afecta a cientos de familias.
Contexto del modelo de equidad
El modelo de equidad es el sistema de distribución de recursos a municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Se calcula en función de indicadores como población, necesidades básicas insatisfechas y capacidad de gestión.
Los retrasos en estas asignaciones han sido denunciados por varios alcaldes a nivel nacional. En el caso de Manta, la deuda —ya sea de 4,4 o 6,6 millones de dólares— impacta directamente en la gestión municipal, en la ejecución de proyectos y en el pago de sueldos.
Mientras la administración local busca alternativas para reducir la dependencia de estas transferencias, la incertidumbre persiste entre los trabajadores y la ciudadanía, que podría enfrentar interrupciones en servicios esenciales si la situación no se resuelve pronto.
