El sector del transporte público interprovincial e intercantonal está experimentando pagos atípicos e incompletos de la compensación económica otorgada por el Gobierno nacional. Esto ocurre tras la eliminación del subsidio al diésel. Lo informó Eduardo Burgos, gerente de la Unión de Cooperativas de Transporte Público de Manabí. Los problemas han persistido durante la fase inicial de implementación de la plataforma. Sin embargo, existen esperanzas de normalización a partir del miércoles 1 de octubre. El problema se reporta a nivel de las centrales del Ministerio de Infraestructura y Tránsito (MIT) en Quito. Esto afecta la acreditación en la provincia de Manabí. La causa son las inconsistencias en el sistema digital y fallos en la migración de datos.

Plataforma y errores de clasificación vehicular

La implementación de la plataforma diseñada para gestionar el registro y el pago de la compensación al combustible se encontró con un periodo inicial calificado como de “caos” por el dirigente Burgos. A pesar de que el 95% de la flota de transporte en Manabí ya se encuentra oficialmente registrada, el proceso de acreditación de los valores no se ha desarrollado con normalidad.

El inicio de la activación del sistema, manejado por el Ministerio de Infraestructura y Tránsito (MIT), generó errores de forma y desorientación entre los usuarios. Una de las fallas más significativas fue la incorrecta clasificación de la tipología vehicular. Según el gremio, el sistema registraba a unidades de transporte interprovincial erróneamente como “pesado”, lo que impedía la correcta migración de sus datos al sistema central.

“Si me salía como transporte pesado, no me iba a migrar la información a un sistema central”, enfatizó Burgos. Estas inconsistencias requirieron un proceso de subsanamiento que se extendió por varias semanas en las agencias de tránsito provinciales y cantonales.

Acreditaciones parciales y la migración de datos

Actualmente, el principal problema no es el registro, sino la recepción efectiva y completa de la compensación económica. El gerente de la Unión de Cooperativas de Transporte Público de Manabí destacó que la situación de los pagos es “muy atípica”, con numerosos transportistas recibiendo acreditaciones parciales.

El valor fijado para la compensación es de $1.800 mensuales para el servicio interprovincial y de $1.200 para el intercantonal. No obstante, se ha documentado que algunas unidades interprovinciales solo han recibido $1.000 o incluso $600. Este patrón indica una falta de “normalidad en la asignación de los valores”.

El origen de estos pagos incompletos se atribuye al corte de migración de datos, un proceso que se realiza de manera mensualizada en las centrales del MIT en Quito. La información corregida a nivel provincial no se actualiza inmediatamente en el sistema central. “Recién hoy día es que hay el corte de migración de datos, o sea, que se jala la información en la cual tú corregiste para que empiecen a normalizarse los pagos”, explicó el dirigente. Con la expectativa de que las acreditaciones completas se hicieran efectivas a partir del día siguiente al de su declaración. En Manabí, se estima que solo un 70% a 75% del sector ha percibido la compensación, en algunos casos de manera fraccionada.

Planificación y el futuro de la compensación

Más allá de los problemas de acreditación, el sector del transporte está instando a las autoridades a abordar el futuro de la actividad. El Decreto 125, que establece el marco para esta compensación, contempla un beneficio por cuatro meses más dos de prórroga, lo que indica que el programa finalizará en diciembre.

El dirigente Burgos señaló la necesidad de planificar la etapa posterior a la compensación. “Nuestra actividad requiere de atención a este punto”, declaró, manifestando la incertidumbre sobre la sostenibilidad del servicio sin este apoyo.

En respuesta a esta preocupación, el gremio está solicitando formalmente la convocatoria a mesas de trabajo con la Gobernación y otras entidades del Gobierno nacional. El objetivo de estas reuniones es definir una hoja de ruta y explorar la implementación de propuestas que permitan al sector tener conocimiento claro sobre las acciones y tarifas que se aplicarán una vez que el beneficio de la compensación por el combustible termine.