Cerca de una veintena de ONG expresaron este miércoles, 11 de mayo del 2022, su “preocupación” por el proceso seguido en Ecuador contra el informático sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange, que la próxima semana afronta nuevas audiencias de un juicio que creen plagado de inconsistencias.

En total, 19 organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos y de la sociedad civil han observado el proceso y elaborado un informe que sostiene que la acusación, planteada contra Bini por presunto acceso ilegal a sistemas informáticos en Ecuador, está “rodeada por un preocupante marco político que parece afectar el curso de la causa”.

La asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Rosa Bolaños, cuestionó este miércoles en una rueda de prensa virtual todo el entramado jurídico del caso, desde el inicio del mismo en abril del 2019, pasando por la prisión preventiva de 70 días de Bini, hasta su puesta en libertad mediante un “habeas corpus” y finalmente el juicio.

Está previsto que la próxima vista del proceso se reinstale el próximo 16 de mayo y que concluya el día 20 con una audiencia de juzgamiento.

Encargada de analizar la parte jurídica del proceso, Bolaños cuestionó tres momentos del caso: “Cómo se dio a conocer la noticia del delito, cómo se activó la garantía constitucional de ‘habeas corpus’, y cómo se siguió cursando el proceso hasta llegar hasta la audiencia de juzgamiento”.

Entre esas observaciones resaltó que el discurso de la entonces ministra de Gobierno (Interior) María Paula Romo en abril del 2019 propició que la Policía judicial y la Fiscalía intervinieran para recabar los supuestos indicios de un delito que aún no se conocía a ciencia cierta y que, como resultó en el proceso, fue modificado.

CUESTIONAN ACUSACIÓN

En el informe las ONG advierten que la “acusación no ha logrado hasta el momento demostrar respaldo judicial en la legislación ecuatoriana ni en las normas internacionales de derechos humanos”.

Por su parte, Veridiana Alimonti, directora asociada para América Latina de Electronic Frontier Foundation, puso de manifiesto que las labores cotidianas de los expertos informáticos y desarrolladores de software, “muchas veces, son confundidas con conductas sospechosas” y llevan a que estos sean considerados sospechosos, “sin la necesidad de verificar los detalles técnicos de las acusaciones”.

Apuntó que llaman la atención los indicios y elementos recolectados como posibles evidencias en contra de Bini que le fueron requisados y advirtió que las “ramificaciones políticas de la acusación podrían afectar el debido proceso”.

La asesora de derechos digitales de la ONG Artículo 19, Rafaela De Alcántara, coincidió en que el caso evidencia la idea que se tiene con cierta frecuencia de considerar que las personas que utilizan criptografía y el anonimato en línea “están motivadas para llevar a cabo actividades delictivas”, lo que “significa posicionarse de una forma opuesta a la privacidad como un derecho humano”.

El mes pasado efectivos policiales allanaron las oficinas de la ONG que dirige Bini en Quito y su abogado denunció que se habían cometido varias irregularidades y atribuyó lo ocurrido a una “brutal persecución” en su contra.

AMIGO DE ASSANGE

Bini, de 40 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo en su embajada en Londres del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Según la Fiscalía, Bini habría accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera estatal Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.

El informe elaborado por las ONG observadoras apuntó a que hay evidencias de irregularidades procesales que han afectado tanto la rapidez del procedimiento, como del debido proceso legal en general.

Este caso debió haber sido procesado en 2019, pero fue pospuesto en varias ocasiones por diferentes motivos, incluido los generados por la pandemia.

Tras dilaciones que su defensa considera injustificadas, el juicio contra Bini se inició en enero pasado y se reinstalará la próxima semana.