Las autoridades penitenciarias informaron este miércoles, 11 de mayo del 2022, del traslado a otra cárcel del país a 76 presos desde la prisión de Santo Domingo de los Táchilas, conocida como Centro Bellavista, donde se registró la matanza que el lunes dejó 44 reos asesinados.

El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad (SNAI) sostuvo que, “para precautelar la vida, el orden y seguridad, se realizó el traslado de 76 personas privadas de libertad (de la cárcel) de Santo Domingo a otro centro, desde donde serán movilizados a distintos centros de privación de libertad”.

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El traslado sigue a otro similar de seis supuestos cabecillas de bandas delictivas efectuado el lunes tras el amotinamiento que dejó sangrientas imágenes y que respondería a la rivalidad entre los integrantes del grupos que se hacen llamar Los Lobos y los R7.

También se da después de que hayan sido recapturados 200 de los 220 reclusos que el Ministerio del Interior confirmó que se habían fugado durante los incidentes del lunes.

TRASLADOS BAJO LA MIRA

Precisamente, los traslados de presos y líderes de grupos organizados vinculados al narcotráfico y que ya se vieron involucrados en violentos ajustes de cuentas en prisiones del país están bajo el punto de mira puesto que algunos de esos movimientos respondieron a habeas corpus dictaminados por la Justicia.

El director del SNAI, Pablo Ramírez, criticó que la Justicia ordenase en el último mes 124 traslados de presos a la cárcel de Santo Domingo, procedentes de la prisión de Cuenca, donde a inicios de abril se produjo otra matanza que acabó con la vida de 20 reos.

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Juan Carlos Mariño, pidió en un comunicado la activación de un Comité de Crisis para “adoptar medidas articuladas entre la autoridades involucradas”, destinadas a proteger la vida y la integridad física de los presos.

La del lunes es el más reciente de una serie de sanguinarios motines que se han cobrado la vida de más de 400 reclusos desde 2020, de ellos 63 solo en este 2022.

La crisis carcelaria que atraviesa Ecuador ha llevado a organismos como la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a expresar su preocupación y pedir al Gobierno medidas urgentes para reducir la población carcelaria y asumir el control de las cárceles.

Ecuador está en vías de contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, ha anunciado la concesión de 5.000 indultos y desarrollado la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria. EFE