Japón ejecutó hoy al autor de la “masacre de Akihabara”, uno de los sucesos más mortíferos y sonados de los últimos años en el país, en el que siete personas murieron y diez resultaron heridas en 2008 en el concurrido núcleo comercial de la electrónica en Tokio.
Tomohiro Kato, también conocido como el “asesino de Akihabara”, fue ajusticiado este martes a los 39 años en la horca, como establece la ley japonesa, en el centro de detención capitalino donde se encontraba preso, informó en una rueda de prensa el ministro nipón de Justicia, Yoshihisa Furukawa.
Kato fue condenado a la pena capital en 2011 por atropellar mortalmente a tres personas con un camión y matar a otras cuatro a cuchilladas, en un incidente que conmocionó al país.
El ministro Furukawa dijo que Kato embistió “indiscriminadamente, dejando siete muertos tras una exhaustiva preparación”, en un caso “cruel” que “influyó significativamente en la sociedad” japonesa y explicó que firmó la orden de ejecución el pasado día 22 “tras considerarlo cuidadosamente”.
14 AÑOS ATRÁS
El suceso tuvo lugar el 8 de junio de 2008, domingo. Kato irrumpió pasadas las doce y media del mediodía con un camión en Akihabara, una zona muy concurrida de la metrópolis especializada en tecnología, videojuegos y manga, y embistió a la multitud en su calle principal, que ese día estaba cortada al tráfico rodado.
Tras atropellar a cinco personas, de las que tres murieron, Kato se bajó del camión y apuñaló a una docena de paseantes, de los que cuatro perdieron la vida.
El suceso conmocionó a Japón, que prohibió hasta 2011 que ese área volviera a ser peatonal los domingos y es uno de los incidentes de la crónica negra del país más recordados a nivel global.
Kato fue condenado a muerte en 2011 y en 2015 la sentencia se hizo firme tras el rechazo por parte del Tribunal Supremo de Japón de la última apelación posible de la defensa, que argumentaba que el reo no estaba en pleno control de sus facultades mentales en el momento de los hechos a causa de estrés psicológico severo.
Cuando ocurrieron los hechos, Kato trabajaba en una fábrica de piezas para automóviles en la provincia de Shizuoka, al oeste de Tokio, que llevaba a cabo un proceso de reducción de plantilla.
Según medios locales, tres días antes del suceso, abandonó la fábrica a gritos, temeroso de perder su empleo porque no encontraba su mono de trabajo. Al día siguiente ya no fue a trabajar.
Kato anunció sus intenciones a través de varios mensajes enviados a una página web especializada en contenidos para móviles.
106 PENDIENTES DE EJECUCIÓN
La ejecución de hoy es la segunda en siete meses realizada en el país tras las acometidas el pasado diciembre, cuando tres reos fueron ajusticiados por múltiples asesinatos, y es la segunda también desde la llegada al cargo del primer ministro Fumio Kishida. Aquellas fueron las primeras ejecuciones en Japón en dos años.
Actualmente hay 106 presos en el corredor de la muerte nipón, según las cifras actualizadas hoy por el Ministerio de Justicia.
Japón es junto a Estados Unidos el único país democrático e industrializado que aún imparte la pena capital, una práctica criticada por organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) no sólo por su vigencia, sino por el método (la horca) y porque se suele avisar al reo con pocas horas de antelación.
En este sentido, Furukawa apeló a la independencia jurídica de Japón y al hecho de que las encuestas que baraja el Gobierno señalan un apoyo mayoritario de la población hacia la pena capital.
Las ejecuciones se someten a “un estudio exhaustivo” y esta pena se aplica “para casos extremadamente crueles y graves”, añadió.
El viceportavoz del Gobierno Yoshihito Isozaki declaró hoy por su parte que en un momento en el que “siguen ocurriendo crímenes extremadamente viles y crueles, no es apropiado abolir la pena de muerte para esos criminales”.
En un comunicado publicado horas después de la ejecución, Amnistía Internacional criticó duramente la actitud de Japón y lo acusó de usar la opinión pública “como excusa para no dar ningún paso hacia la abolición de la pena de muerte”, pese a que pertenece a organismos que instan a sus miembros a erradicar esta práctica.
El organismo también acusó a Kishida de “contradecir su compromiso con los derechos humanos” e “ignorar las normas internacionales”, e instó al país a adoptar una moratoria de las ejecuciones “como un primer paso hacia la abolición de la pena de muerte”.
