El Ministerio del Trabajo ha publicado el reglamento que sanciona la violencia, discriminación y acoso laboral y sexual en el sector público. Esta decisión responde a la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, aprobada en mayo de 2024. La norma incluye lineamientos claros y precisos sobre las conductas prohibidas y las medidas para proteger a los funcionarios públicos. Este reglamento busca garantizar un ambiente laboral respetuoso y libre de cualquier tipo de abuso.

El nuevo reglamento sobre violencia y acoso laboral define como tales conductas cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico. Entre las prácticas prohibidas se encuentran la asignación de tareas que no corresponden a la formación o capacidad del trabajador, la discriminación en ascensos y la revelación de información personal o sobre la orientación sexual sin consentimiento. También se prohíbe solicitar pruebas de embarazo o VIH durante procesos de selección, reforzando la protección a la integridad de los servidores públicos.

ACUERDO MINISTERIAL Y REGLAMENTO

Control detallado en el contacto fuera del horario laboral

El reglamento establece reglas estrictas para el contacto con los servidores fuera del horario laboral. Solo se permite cuando se trata de funcionarios en cargos de dirección o autoridad, o cuando el trabajo exige disponibilidad continua. Además, esta comunicación es válida en situaciones imprevistas o emergencias que comprometan la prestación del servicio público. Siempre que el servidor acepte voluntariamente realizar actividades fuera del horario regular, se cumple con la normativa, protegiendo así el derecho al descanso.

Las denuncias por casos de acoso y violencia laboral deben presentarse en la Unidad de Talento Humano correspondiente. Es fundamental que la denuncia incluya detalles como fechas, lugares y evidencias. La institución tiene un plazo máximo de diez días para iniciar la investigación, garantizando un proceso rápido y eficaz. Durante este período, se puede suspender la remuneración del denunciado para proteger a la víctima y evitar posibles represalias.

Sanciones contundentes para erradicar el acoso en el sector público

Si la investigación confirma la culpabilidad, el funcionario denunciado puede ser suspendido temporalmente o destituido. Además, deberá presentar un certificado de tratamiento psicológico que pruebe su rehabilitación antes de reintegrarse al trabajo. Este mecanismo asegura que el agresor reciba apoyo para corregir su comportamiento y evita la repetición del acoso.

En casos de acoso sexual u otros delitos tipificados en la ley, el reglamento exige informar a la Fiscalía. De esta forma, se garantiza la aplicación de sanciones penales correspondientes. La normativa busca erradicar cualquier forma de violencia o acoso laboral en el sector público, promoviendo un ambiente seguro, justo y respetuoso para todos los funcionarios.