Leonidas Iza citado por Fiscalía en caso de policías retenidos en Cotopaxi

Leonidas Iza fue citado por la Fiscalía de Cotopaxi para declarar sobre la retención de tres policías en agosto, en medio de un operativo en su contra.
Fiscalía llama a Leonidas Iza a rendir versión por presunto secuestro de tres policías
Fiscalía llama a Leonidas Iza a rendir versión por presunto secuestro de tres policías

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

El exdirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, fue citado a rendir su versión este miércoles 3 de septiembre, a las 09:00 en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, como parte de la investigación por el presunto secuestro de tres agentes de la Policía Nacional, ocurrido en la comunidad indígena de San Ignacio, en la provincia de Cotopaxi, a mediados de agosto de 2025.

Policía ingresó a comunidad en operativo contra Iza

Según el comunicado difundido por Leonidas Iza en su cuenta de X (antes Twitter), el incidente se originó cuando agentes policiales ingresaron a la comunidad de San Ignacio como parte de lo que describió como una investigación dirigida contra su persona.
Iza afirmó que el ingreso de la Policía generó tensión y temor entre los habitantes del sector, poniendo en riesgo la seguridad de las familias y de él mismo.

Ante esta situación, los comuneros decidieron retener a tres policías, en lo que Iza definió como un acto de defensa territorial y ejercicio de justicia indígena ancestral, procedimiento reconocido por la Constitución del Ecuador en el contexto de los derechos colectivos.

Policía fue liberada tras audiencias comunitarias

Durante el tiempo en que los tres policías permanecieron retenidos, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) organizó audiencias comunitarias, en las que se escucharon las versiones de los uniformados y se exigieron disculpas públicas por lo ocurrido.

Los policías fueron liberados la noche del jueves 21 de agosto, tras estas diligencias internas. No se reportaron lesiones ni daños físicos durante su retención.

La Fiscalía General del Estado, sin embargo, calificó el acto como una retención en contra de la voluntad de los funcionarios, y señaló que los agentes estaban en cumplimiento de una labor investigativa oficial y no estaban cometiendo actos ilícitos al momento del ingreso a la comunidad.

Reacción del Gobierno y denuncia por secuestro

El 25 de agosto, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, se refirió al caso durante una rueda de prensa desde Carondelet. La funcionaria explicó que se había presentado una denuncia por secuestro ante la Fiscalía, que asumió el caso con el fin de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

“Esperamos que la justicia actúe de manera rápida y transparente”, señaló Jaramillo, sin emitir más comentarios sobre el contexto del operativo.

En su comunicado, Leonidas Iza sostuvo que el procedimiento llevado a cabo en la comunidad se basó en el sistema de justicia indígena, amparado en el artículo 171 de la Constitución del Ecuador, y que se actuó en cooperación con la justicia ordinaria, motivo por el cual rechazó la acusación de secuestro.

Iza comparecerá este 3 de septiembre ante la Fiscalía

La comparecencia de Leonidas Iza está programada para el miércoles 3 de septiembre a las 09:00 en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, ubicada en Latacunga.
Según indicó el exdirigente, esta citación responde a una investigación penal abierta por presunto secuestro, figura contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la cual podría acarrear penas de hasta 10 años de prisión, dependiendo de la calificación jurídica de los hechos.

“Me investigan por supuesto secuestro, cuando está claro que se trató de un procedimiento basado en el sistema de justicia ancestral”, expresó Iza, quien también calificó la medida como un acto de persecución política.

Justicia indígena y justicia ordinaria

Este caso reaviva el debate sobre los límites entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, un tema que ha generado múltiples interpretaciones desde que fue incorporado en la Constitución de 2008.
El artículo 171 reconoce a los pueblos indígenas el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, siempre que no contradigan derechos constitucionales ni los tratados internacionales ratificados por el país.

Organizaciones indígenas han advertido que el caso puede sentar un precedente legal importante, al tratarse de la intersección entre el derecho penal común y la jurisdicción indígena reconocida en la legislación nacional.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si se formularán cargos contra Iza ni ha emitido declaraciones adicionales respecto al avance del proceso.

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