La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la audiencia de juicio del caso Nene contra Francisco Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, seguirá en marcha. El proceso judicial busca esclarecer un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con cobros indebidos dentro de la Vicepresidencia de la República.

Un comunicado oficial indicó que un Tribunal de la Corte Provincial acogió el pedido de la Fiscalía y revocó la nulidad dictada anteriormente. Esta resolución reactiva la causa, permitiendo que la diligencia judicial continúe con la presentación de pruebas en contra del procesado.

Fiscalía logra revocar la nulidad del proceso

El fiscal del caso explicó que la decisión del 14 de julio vulneraba el debido proceso, porque gran parte de la prueba ya se había presentado. Con la apelación aceptada, el Tribunal de Apelación dispuso por unanimidad que la audiencia se reinstale y avance desde el punto en que quedó suspendida.

La Fiscalía ahora espera que se señalen fecha y hora para continuar con la audiencia de juicio. La institución prevé exponer testimonios y documentos claves que sostienen la acusación contra Francisco Barreiro por la supuesta oferta de tráfico de influencias.

Testimonios y pruebas en el caso Nene

Entre las pruebas presentadas, consta la versión del denunciante, quien afirmó que ingresó a trabajar como coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia durante la gestión de Verónica Abad. Antes de ser contratado, aseguró que Barreiro y otro implicado le exigieron entregar 1.700 dólares mensuales de su sueldo en efectivo.

El afectado añadió que para garantizar los pagos lo obligaron a firmar una letra de cambio por 30.600 dólares, equivalente a un año de cuotas. Tras su desvinculación laboral, relató que Barreiro lo citó en su oficina en Cuenca, donde presuntamente quemó el documento que respaldaba la deuda.

Posibles sanciones legales por tráfico de influencias

Otros testigos confirmaron que la contratación del denunciante fue solicitada directamente por la entonces vicepresidenta Verónica Abad. Además, se presentó una acción de personal que respalda la relación laboral denunciada, fortaleciendo los argumentos de la Fiscalía.

El artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la oferta para realizar tráfico de influencias se sanciona con penas que van de tres a cinco años de prisión. La decisión final dependerá de las pruebas que se presenten en la reinstalación de la audiencia.