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Los presuntos secuestradores de un hombre identificado como K. Ll. pedían 10 mil dólares para liberarlo.

Así lo informó la Policía, cuyas unidades especiales desplegaron un operativo para rescatar a la víctima antes de que sus familiares accedieran a entregar el monto que exigían los sospechosos.

El rapto de K. Ll., quien sufre de discapacidad intelectual, ocurrió el miércoles 17 de agosto del 2022, cuando se dirigía a un hospital de Santo Domingo (no se especificó cuál).

El afectado caminaba por una calle cuando fue interceptado por varios sujetos, quienes lo amenazaron y, haciendo uso de la fuerza, lo subieron a un taxi para llevarlo con rumbo desconocido.

Una fuente policial dijo que la víctima estuvo retenida durante ocho horas en un sitio que no pudo identificar, pues, al parecer, estaba con el rostro cubierto.

La Policía fue alertada de lo ocurrido y del monto que exigían los sujetos para liberar a K. Ll., por lo que desplegó un operativo que se extendió hasta el kilómetro cinco de la vía a Quito.

En el sitio, en un complejo turístico, fueron detenidos seis sospechosos mientras se daban un ‘chapuzón’ en unas piscinas. Allí mismo tenían al secuestrado. Al parecer estaban ‘turisteando’ hasta que pudieran cobrar el dinero que exigían.

El afectado, quien fue rescatado, reconoció a los sospechosos, quienes, según las primeras investigaciones policiales, pertenecerían a la banda ‘R7’.

Luego del operativo en el complejo turístico, los uniformados se desplegaron hacia la avenida Tsáchila, donde capturaron a tres personas más. Ellos estaban cerca del Comando.

Entre los presos hay tres mujeres, dos de ellas menores de edad.  

A la cárcel. Los detenidos fueron identificados como Hilter Zucanga, Bryan Hernández, José Manobanda, Jonathan Sandoval, Diego Valverde, Maritza Sánchez y Evelyn Cuero. De las menores no se facilitaron sus nombres.  
La audiencia de flagrancia y formulación de cargos en contra de los sospechosos se realizó la tarde del jueves.

En ella, los abogados de los detenidos solicitaron al juez medidas alternativas para sus defendidos; sin embargo, se aceptó la medida solicitada por la Fiscalía: la prisión preventiva.

Siete de los procesados fueron llevados al penal Bellavista, mientras que las dos menores de edad recibieron medidas socioeducativas.