Entre dos y cinco denuncias por robo de agua registra cada mes la Empresa Pública Aguas de Manta (EPAM).
Una de estas últimas denuncias permitió descubrir el aprovechamiento ilícito de agua en Villamarina, luego de una investigación por parte de Aguas Manta.
El lunes, la EPAM con apoyo de la Fiscalía y la Policía allanó un sitio donde se hurtaban más de 500 tanques de agua por día.
Miguel Cevallos,  gerente de EPAM, dijo que este delito se venía ejecutando desde un terreno de la ciudadela Villamarina, ubicado entre las calles V-12 y V-6.

En el lugar se encontró dos tuberías clandestinas conectadas a la red de distribución que, instaladas a dos bombas de succión, captaba agua a gran escala. El líquido era almacenado en dos piscinas para la posterior venta.
Agregó que aún no se cuantifica el perjuicio económico para luego presentar la denuncia formal ante la Fiscalía.

Pero más allá del perjuicio económico  a la EPAM, hay una afectación contra la ciudadanía por esta  toma clandestina y el mal uso del agua. Los moradores de ese mismo sector, sufrían baja de presión del agua y desabastecimiento, señaló el funcionario.
Cevallos manifestó que están investigando en los sectores donde se han generado denuncias  de hurto de agua, los niveles de presión del caudal que se  distribuye para de esta forma  determinar si los desabastecimientos son  por instalaciones irregulares o por otra causa de orden técnica.

Juan Sebastián Paredes, director jurídico de la EPAM, dijo que el perjuicio económico aún no ha sido calculado, en virtud de que deben constatar el informe técnico que les permita establecer las pérdidas contra la empresa.
Señaló que este hurto de agua es el único que han logrado intervenir en este año, porque se reunieron todos los elementos para ejecutar un allanamiento.

En  el 2020 por motivo de la pandemia del covid-19 no se pudo intervenir en otros casos, pero en las próximas semanas se procederá a constatar junto a la Fiscalía y Policía otras denuncias en lista, anotó.

Paredes señaló que por este delito la sanción es de seis  meses a dos años de prisión, más el pago económico cuantificado por el uso irregular de agua.
La fiscal Alexandra Bravo, manifestó que la evidencia encontrada en el lugar que allanaron en Villamarina, apunta a que se sustraía agua potable para posteriormente venderla mediante carros tanqueros.