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 Se trata de Clan Salazar, San Ramón, El Juncal, Larrea, El Tambo, Naranjito, Cacho Rojo y La Propicia del cantón Tosagua, asentamientos que, según sus moradores, están afectados por los muros construidos en esta zona, que protegen piscinas para la cría de camarón.

Los vecinos alegan que las aguas, tanto provenientes de las lluvias como del desbordamiento de los ríos, al no tener cauce natural de evacuación se mantienen estancadas en sus propiedades, afectando viviendas, terrenos para sembrío y la crianza de animales, incluyendo ganado vacuno, equino y porcino.
Ana Basurto, de la comunidad Larrea, relató que desde el año 2017 pidió que el canal no fuera obstaculizado con las camaroneras, para que las aguas pudieran evacuar. 
“Ahora todo queda represado. En este minuto las casas están llenas de agua y queremos evacuar. No sé por qué las autoridades lo permitieron, llevamos más de diez días bajo agua”, aseguró.
Ángel Zambrano, de esa misma comunidad, manifestó que se le dañaron dos bombas de seis pulgadas, valoradas cada una en 2 mil dólares.  
Según fuentes municipales, desde el año 2018 empezaron a crecer el número de camaroneras. Este aumento provocó que muchas de las aguas que anteriormente bajaban por canales naturales se estancaran con el desbordamiento del río Carrizal y sus afluentes.  
Las autoridades locales junto a los comuneros lograron romper uno de los muros de las camaroneras, esperando que las aguas comenzaran a evacuar.
Silvio Andrade, propietario de una camaronera, sostiene que este ha sido un invierno extraordinario, pero que el sector de Larrea se ha inundado toda la vida. 
“Nosotros adquirimos las propiedades que estaban perdidas y las pusimos a producir. Tenemos al menos 50 empleados”, dijo.
Andrade rememora que, dentro de la reconstrucción de la vía La Margarita-Bahía, existía un proyecto del puente Larrea para elevarlo, un trabajo que se inició, pero tras el terremoto del 16 de abril de 2016 quedó inconcluso.
Según Andrade, cada vez que hay crecientes, una palizada tapona el río y en esa zona todo el mundo sale perjudicado. 
Katerine Vera, representante de los comuneros afectados, asegura que más de 500 familias están afectadas y pide que el cantón sea declarado en emergencia. Indicó que fueron hasta el municipio y la corporación municipal firmó un documento que sería enviado a la presidencia, pero “un documento a Quito demora y nuestra gente se sigue ahogando. Eso no declara que estamos en emergencia”.
Elba González, alcaldesa de Tosagua, dijo que no tiene las competencias para mover un muro o abrir canales. Sin embargo, acompañó a todo el pueblo, y a los que están afectados por esta difícil situación. 
En Portoviejo, las lluvias tampoco daban tregua. Ayer, el municipio solicitó que las zonas bajas estén alertas ante cualquier emergencia.