Los exmandatarios que estén sentenciados judicialmente no pueden cobrar su pensión vitalicia, dice la ley ecuatoriana actual, pero la Asamblea Nacional alista una reforma legislativa para cambiar eso.
La reforma, que tiene el apoyo de los correístas del movimiento UNES y del Partido Social Cristiano (PSC), permitiría que mandatarios que tienen sentencia judicial puedan recibir de todas maneras su pensión vitalicia.
Con eso beneficiarían a quienes perdieron ese beneficio como el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia, y su exvicepresidente Jorge Glas, quien tienen tres sentencias en su contra por casos de corrupción y está en la cárcel.
Todo ha comenzado en la Comisión de Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional, donde se aprobó el informe para segundo debate sobre las pensiones vitalicias.
En esa comisión, con los votos de tres integrantes del correísmo (UNES), el del socialcristiano Luis Almeida y el de Eckenner Recalde, quien se desafilió de la Izquierda Democrática (tras las denuncias de diezmos en su contra), se aprobó el informe que beneficiaría a los exmandatarios sentenciados.
Varios analistas y asambleístas indicaron que la propuesta inicial era eliminar el beneficio de pensiones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes, pero en la Comisión de Derecho al Trabajo de la Asamblea los integrantes lo ampliaron y eliminaron un párrafo de la Ley que exceptúa de la pensión a los mandatarios que “hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito…”
Además la reforma propuesta señala que en el caso de los herederos de los exmandatarios, deberán recibir una pensión aunque el mandatario haya cumplido más dos veces el cargo.
Salvador Quishpe, asambleísta de Pachakutik, no estuvo de acuerdo con esa decisión. “Se revive eso hoy con el propósito de beneficiar a los últimos expresidente y exvicepresidente”.
Correa y Glas perdieron la pensión vitalicia en 2020 cuando fueron sentenciados por el delito de cohecho en el ‘caso sobornos’.
La oficialista Rina Campain, presidenta de la Comisión de Derecho al Trabajo, dice que los correístas “quieren eliminar esta prohibición de la Ley para que ellos (Correa y Glas) tengan acceso nuevamente a estas pensiones vitalicias”.
Desde el correísmo responden: “nosotros no estamos legislando en función de una preferencia política… muchas veces los mandatarios salen de sus funciones perseguidos políticamente y no pueden acceder a otra actividad laboral”, aseguró Johanna Ortiz.
