Más del 75 % de los reclusos del pabellón donde tuvo lugar la masacre en la prisión Número 1 de Guayaquil el pasado 28 de septiembre carecían de una sentencia ejecutoriada y el 61,3 % de los asesinados tenía entre 20 y 30 años, afirmó este miércoles la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez.
Lo hizo en un conversatorio en el que dio a conocer la gestión que tiene por delante el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en el país que encabeza como delegada del Presidente, Guillermo Lasso.
Ordóñez precisó que hasta la fecha, de los 118 presos fallecidos en el peor motín registrado en la historia reciente del país, se ha logrado identificar 106, y confirmó que las labores de reconocimiento de la docena restante están prolongándose dada la difícil situación en la que fueron encontrados los cuerpos.
PRESOS EN LIMBO JURÍDICO. “El 77 % de esas personas eran del pabellón cinco, y el 24,5 % tenía una sentencia, es decir, más del 75 % no tenía una sentencia ejecutoriada que confirme o ratifique su culpabilidad o estado de inocencia”, refirió sobre el limbo jurídico en el que se encuentran los reclusos.
Según datos que ha cruzado la Secretaría que dirige con otros facilitados por el Ministerio de Gobierno se ha podido extraer que el 33 % de los muertos eran menores de 25 años y el 35% de los procesados lo fueron por delitos de robo y tráfico de drogas.
Y subrayó que las primeras aprehensiones en el país suelen darse a los 11 años por microtráfico y a los 15 por asesinatos y violencia extrema.
Los delitos más comunes por los que los reos se encuentran recluidos en centros de rehabilitación social son en un 16,88 % por violencia hacia la mujer y el núcleo familiar, y en un 14,96 % por tráfico de sustancias ilícitas.
“Todos estos problemas tienen una raíz común que es la violencia, y el Estado no ha estado preparado con políticas integrales de prevención”, sostuvo Ordóñez al explicar la labor del eje social de trabajar en la prevención de este tipo de “violencia estructural”.
El Sistema que dirige está integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Derechos Humanos, Salud Pública, Relaciones Laborales, Educación, Inclusión Económica y Social, Cultura, Deporte y la Defensoría del Pueblo.
Desde el pasado 7 de octubre esta instancia colegiada se encuentra en sesión permanente para atender de manera integral el sistema penitenciario del país, sumido en una crisis de violencia extrema sin precedentes por la influencia de los carteles de droga que operan dentro y fuera de las penitenciarías.
Ordóñez dijo que la política pública en la materia se está fortaleciendo con decenas de reuniones sectoriales permanentes y otras tantas previstas hasta que en febrero próximo se presente un documento que vertebre los pasos a seguir.
FOCO EN LA PREVENCIÓN. Al trazar un perfil del privado de libertad ecuatoriano resaltó que el 71 % solo completó la educación básica, que posiblemente experimentó violencia familiar, que fueron niños con desnutrición crónica y se iniciaron en el consumo de estupefacientes desde el que pasaron al microtráfico, una actividad que según estudios les reporta entre 100 y 200 dólares diarios.
Las familias de estos menores infractores no contaban con espacios de planificación familiar, estaban expuestos a violencia familiar y una cultura del narcotráfico, además de no superar los umbrales de pobreza.
La secretaria de Derechos Humanos subrayó que para el eje de la prevención de la violencia se requieren 18 millones de dólares, y que el costo de estos delitos representa en torno al 8 % del producto interno bruto (PIB).
“Si no invertimos en prevención todos los recursos se destinarán a la atención”, alertó al tiempo que llamó a todas las funciones del Estado a sumar esfuerzos, “porque lo que está en juego es la niñez del Ecuador”. EFE
