El equipo de abogados que lleva la defensa legal de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador en el mandato presidencial de Rafael Correa, tildó este lunes de “secuestro político” su situación actual, donde el Gobierno no ha acatado una orden judicial de excarcelación por considerarla irregular.
En un comunicado, el estudio belga de abogados Ius Cogens afirmó que Glas, que cumple en prisión dos condenas en firme por casos de corrupción, está “sometido a la voluntad del Gobierno, que está haciendo todo lo posible por impedir que se cumplan las órdenes judiciales que han pedido su inmediata liberación”.
La abogada Sonia Vera, del equipo coordinado por Christophe Marchand, afirmó que “Glas se encuentra secuestrado” y “cada día que pasa demuestra que su caso es un secuestro político, un secuestro que no responde más que a los deseos del Gobierno de acabar y mantener en el silencio a aquellos que les resultan incómodos”.
Vera recordó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solicitó de manera urgente en septiembre de 2021 la libertad de Jorge Glas y que “dicho pronunciamiento es vinculante y debió ser inmediato cumplimiento por el Ecuador”.
La última orden de excarcelación en favor de Glas fue emitida el pasado 5 de agosto por el juez Banny Rubén Molina, de la ciudad de Portoviejo, mediante la concesión de un habeas corpus por considerar que no se está respetando su derecho a la integridad física.
Al conocerse esta decisión, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció en un comunicado que el Gobierno recurriría la decisión por encontrar irregularidades en el procedimiento de su emisión, mientras que el Consejo de la Judicatura presentó a la Fiscalía una denuncia contra Molina.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, el magistrado Molina incurrió en un presunto delito de usurpación de funciones y simulación de funciones públicas al conceder el hábeas corpus a Glas cuando supuestamente estaba ya suspendido de sus funciones y se le había citado a un juicio en otra causa.
JUEZ EN ARRESTO DOMICILIARIO
Actualmente Molina se encuentra bajo arresto domiciliario mientras transcurre la investigación, lo que para los abogados de Glas demuestra “una clara muestra del ‘lawfare’ y la persecución política a la que se enfrentan quienes evidencian la vulneración de derechos del ex vicepresidente”.
Molina sostuvo el pasado viernes en una comparecencia ante la comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional (Parlamento) que tenía todas sus competencias vigentes para conceder el hábeas corpus a Glas y que este debe ejecutarse de manera inmediata.
Asimismo, justificó que las órdenes de excarcelación fueron elaboradas a mano por “varias inconsistencias” en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje).
Sobre esta situación se ha pronunciado el Relator Especial para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, quien sostuvo que “una orden judicial firme tiene que ser cumplida”.
ANULADO UN PRIMER HÁBEAS CORPUS
A Glas ya le fue concedido un primer hábeas corpus en abril que le permitió salir en libertad 40 días hasta que la Corte de Justicia de la provincia costera de Santa Elena lo revocó por no ser la jurisdicción correspondiente para tratar el asunto y por no haber notificado a la Procuraduría (Abogacía) General del Estado.
Diego Moscoso, el juez que emitió esa primera resolución, fue destituido por el Consejo de la Judicatura y recientemente la Justicia ecuatoriana rechazó una apelación de Glas sobre la anulación de ese hábeas corpus.
Al mismo tiempo, dos jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha no admitieron a trámite otros dos hábeas corpus solicitados por Glas contra el servicio penitenciario (SNAI) por el incumplimiento de la orden de excarcelación emitida por el juez Banny Molina.
GLAS NIEGA TODA ACUSACIÓN
Glas, que fue vicepresidente de Correa y luego también por pocos meses de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021), ingresó inicialmente en prisión a finales de 2017 y siempre ha negado todas las acusaciones y ha denunciado una persecución política.
Desde entonces ha sido ha sido condenado en firme en dos casos de corrupción: uno por asociación ilícita relacionado con la trama Odebrecht (con 6 años de cárcel) y otro por cohecho ante la financiación ilegal para su movimiento político (con 8 años).
También ha sido condenado por malversación de fondos públicos (peculado) en la firma de los contratos petroleros del caso Singue, cuya sentencia todavía está en fase de apelación.
