En una entrevista en Manavisión Plus, el abogado Isaac Avellán, asesor jurídico de los 12 detenidos en el marco de las protestas sociales en Imbabura, denunció que las detenciones son arbitrarias y carecen de sustento legal. Los traslados de los detenidos a centros de privación de libertad en Portoviejo (Manabí) y Esmeraldas han generado críticas por incumplir garantías constitucionales.

Avellán detalló que los 11 detenidos en el Centro de Privación de Libertad de El Rodeo, en Portoviejo, y uno en Esmeraldas enfrentan condiciones de incomunicación con sus familias y abogados. “Hemos constatado el estado físico, psicológico y las discapacidades de los detenidos, evidenciando una detención ilegal por parte del Ministerio de Gobierno”, afirmó el jurista.

La defensa, junto al abogado Walter Garcés, impulsa un proceso de habeas corpus en la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Manabí. Este recurso busca garantizar la libertad de los ciudadanos, amparados en el artículo 135 del reglamento del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que regula los traslados de privados de libertad. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos por la falta de documentación que justifique las detenciones.

Audiencia revela irregularidades

El martes 30 de septiembre, la audiencia de habeas corpus se extendió desde las 10h00 hasta las 18h00. Durante la diligencia, los jueces solicitaron al Ministerio de Gobierno un informe de inteligencia que sustente las detenciones. “No se ha anexado dicho informe al proceso judicial, lo que evidencia la falta de sustento legal”, señaló Avellán.

Además, la sala exigió al SNAI la notificación del procedimiento administrativo de traslado de los detenidos desde Imbabura a Manabí y Esmeraldas. “El traslado no cuenta con una orden judicial ni sustento jurídico, lo que constituye una violación a las garantías constitucionales”, explicó el abogado. 

“El habeas corpus es una garantía constitucional que protege a los ciudadanos frente a detenciones arbitrarias, y aquí se han violado todas las garantías”, afirmó. La audiencia dejó en evidencia que los detenidos, algunos con discapacidades y enfermedades, no han recibido atención médica adecuada ni contacto con sus familias.

Condiciones de los detenidos generan alarma

Entre los 12 detenidos, uno padece epilepsia, otro tiene una discapacidad intelectual superior al 40%, y un tercero presenta discapacidad visual del 45%. Además, un detenido reporta lesiones en la mandíbula que dificultan su capacidad para hablar, y otro enfrenta un cuadro de depresión severa por la incomunicación. “No se ha realizado una valoración médica exhaustiva, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de los detenidos”, denunció Avellán.

La defensa ha coordinado esfuerzos con organizaciones como la CONAIE, el pueblo Kichwa Otavalo y el pueblo Kichwa de Cotacachi para exigir la liberación inmediata. “Hemos unificado acciones para garantizar el contacto con los detenidos y defender sus derechos”, aseguró el jurista. Además, tres detenidos fueron trasladados el martes 30 de septiembre desde Portoviejo al centro de detención Libertad Imbabura, en Ibarra, tras acciones de presión de las organizaciones sociales.

La comunidad internacional también ha reaccionado. Organismos como la Organización de Naciones Unidas y la OIT, reunida en República Dominicana, han exhortado al Estado ecuatoriano a garantizar los derechos de los detenidos y frenar la criminalización de la protesta social. “Los organismos internacionales están señalando al gobierno por estas violaciones”, afirmó Avellán.

Protestas y exigencias al gobierno

Las movilizaciones sociales en Manabí y otras provincias no cesan. Este jueves 02 de octubre a las 15h00, organizaciones sociales se concentrarán en el Parque Eloy Alfaro, en Portoviejo, para exigir la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126 y mejoras en educación y salud. “El gobierno debe escuchar las demandas justas del movimiento indígena y social”, señaló Avellán.

La defensa espera que la Corte Provincial de Manabí resuelva el habeas corpus en un plazo breve, tras la entrega de la documentación solicitada al SNAI. “Condenamos las declaraciones del ministro de Gobierno, que en CNN deslegitimó las pruebas que muestran la represión contra los manifestantes”, expresó Avellán, refiriéndose a un video que evidencia la participación de militares en la represión y el crimen contra el dirigente indígena Efraín Fuerez.

Las organizaciones sociales, respaldadas por el Frente Unitario de Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores, continuarán las movilizaciones progresivas, que hasta ha dejado ciudadanos detenidos. La defensa confía en que la justicia actúe conforme a la Constitución y garantice la libertad de los detenidos, quienes enfrentan procesos por terrorismo sin pruebas contundentes. “Ninguno de ellos es terrorista; son ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional a la resistencia”, concluyó Avellán.

La entrevista completa puede visualizarse en las plataformas oficiales de Manavisión Plus.