El Consejo de la Judicatura anunció que se iniciarán acciones internas para determinar si existieron irregularidades en la actuación de servidores judiciales que ordenaron la liberación de 16 militares procesados.
Según el comunicado oficial, este análisis se llevará a cabo respetando el debido proceso y la independencia judicial, a fin de establecer si la actuación de los servidores constituye una posible falta disciplinaria.
Militares fueron detenidos en operativo
La detención de los militares ocurrió el pasado 3 de septiembre de 2025. Los uniformados involucrados fueron detenidos en un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía, bajo cargos de presunta asociación ilícita vinculada al contrabando de mercaderías.
Los detenidos fueron identificados como Wilmer B., Edwin S., Fabricio T., Wilson L., Edmundo G., Jackson O., Jorge J., Jorge P., Dennys U., Henry O., Ólger S., Álex Ch., Édison P., Jéfferson B., Émerson S. y Jordan M., de acuerdo con la información difundida por las autoridades judiciales.
En la audiencia, realizada el viernes 5 de septiembre, el juez liberó a los 16 militares. Le dispuso presentaciones periódicas dos veces por semana en la Fiscalía Provincial de Loja.
El Consejo de la Judicatura recalcó su compromiso de combatir la corrupción, el crimen organizado y la inseguridad en el país, bajo lineamientos de transparencia y objetividad. La entidad aseguró que garantizará el respeto al Estado de derecho y a los principios de imparcialidad en todas sus actuaciones relacionadas con este caso.
Investigaciones duraron cerca de nueve meses
La captura de los 16 militares ocurrió durante un operativo ejecutado de manera conjunta por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Las autoridades informaron que los procesados fueron vinculados a un esquema de contrabando de mercaderías en territorio nacional, situación que activó la investigación judicial.
La detención de personal militar en funciones por presunta participación en actividades ilícitas generó un seguimiento inmediato por parte de organismos de control. Según la Fiscalía, los detenidos habrían colaborado en operaciones relacionadas con tráfico de mercaderías, utilizando facilidades de su condición como miembros de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía informó que la investigación inició hace aproximadamente nueve meses. Se aplicaron técnicas especializadas que permitieron ubicar a un grupo de personas que habría cometido actos ilícitos. La operación contó con la participación de 250 personas, incluidos 28 fiscales con sus respectivos equipos.
Se ejecutaron 33 allanamientos en once provincias: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos. En el operativo también se detuvo a ocho civiles, a quienes el mismo juez le dictó prisión preventiva.
