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Todos los procesos de venta de bienes públicos, como la concesión de empresas estatales, deben manejarse con transparencia total y con conocimiento pleno de la ciudadanía.

El presidente Guillermo Lasso ha anunciado la venta del Banco del Pacífico y la entrega en concesión de refinerías, carreteras, la telefónica estatal y otros recursos, como los minerales.

La decisión es correcta, pues el Estado no puede seguir lleno de empresas improductivas o que generan poca rentabilidad; tampoco tiene por qué ponerse a competir con el sector privado en servicios que no son estratégicos.

“Si son bienes públicos, no tienen por qué negociar a espaldas de la ciudadanía”.

Pero, además, es necesario que se haga un análisis del rendimiento de otras empresas, como las de agua potable, que son públicas y que, pese a ser monopolios, por su deficiente administración arrojan pérdidas que terminan siendo cubiertas por el Estado.

Todo esto tiene que manejarse con transparencia. Se trata de bienes públicos que, por su naturaleza, todo lo que se haga con ellos tiene que ser puesto en conocimiento de los ciudadanos y, de ser posible, bajo la mirada de observadores que sigan los procesos.

Los dos últimos gobiernos dejaron algunas muestras de falta de transparencia en este tipo de procesos. Si se trata de bienes públicos, no tienen por qué negociar a espaldas de la ciudadanía.

Editorial de El Diario publicado este lunes 14 de junio del 2021 en nuestra edición impresa.