La disposición del Gobierno de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el combate a la delincuencia es oportuna, en vista del incremento de acciones delictivas en todo el país.
La ciudadanía viene reclamando una intervención más decisiva del Estado para garantizar paz social y seguridad. Y es necesario, sin dudas, habida cuenta del incremento de hechos delictivos en las calles y del recrudecimiento de la violencia en las cárceles.
También es acertado que el decreto de declaración de emergencia no restrinja derechos como el de transitar por el país o el de reunirse, y que se limite a disponer el control militar, con énfasis en nueve provincias, entre ellas Manabí.
“De nada valdrá una declaración de emergencia si no se toman correctivos”.
Pero de nada valdrá una declaración de emergencia si no se toman correctivos para disminuir el ataque delictivo. El Gobierno asegura que muchos de esos golpes responden a acciones de mafias que han tomado fuerza con el apoyo de grupos políticos. De ser así, la Fiscalía debería emprender una investigación.
Es necesario, también, que las denuncias de los ciudadanos sean escuchadas e investigadas, y, sobre todo, que se garantice reserva absoluta para quienes informen de actividades sospechosas.
La inseguridad, al fin de cuentas, es un problema que atañe a todos.
Editorial de El Diario publicado este miércoles 20 de octubre del 2021 en nuestra edición impresa.
