Al terminar el año se evalúa si la emisión de leyes realizada por la Asamblea Nacional es buena o mala. Ese ejercicio es válido, correcto y oportuno, pero el debate no debe quedarse allí. Es preciso analizar qué pasa con la instancia que debe garantizar el acceso a la justicia y la aplicaciónw de la Ley.
La Función Judicial debe mejorar en el país.
No sólo hay que eliminar el rezago de la duda sobre el uso inadecuado que se hace del sistema penal para criminalizar a aquellos que discrepan con las personas cercanas al poder económico y político o para otorgar sentencias con algo de favorabilidad para quienes están cerca del poder; también hay que trabajar para impedir la impunidad en los grandes casos de corrupción que golpean al país.
Pero, adicionalmente, hay que trabajar para mejorar el acceso del ciudadano común a la justicia. Un problema que sigue vigente por la desconfianza que existe frente a la función o por las trabas de naturaleza financiera, burocrática, económica y otras índoles.
Hay que quitar las sombras de injerencias indebidas o de influencias en los fallos por estímulos extras a los procesos legales.
El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse en una sociedad democrática. La igualdad ante la Ley y la protección de los derechos y la aplicación de la justicia es clave para salir de la crisis.
