Las inversiones privadas no tienen que supeditarse a la planificación pública, sino que deben manejarse de acuerdo con el criterio y las expectativas del inversionista.
Causa extrañeza la versión de que la construcción de un complejo fotovoltaico en El Aromo no puede darse porque no está incluida en el Plan Maestro de Electricidad.
A tenor de ese criterio, la empresa privada no podría invertir si la obra no está considerada por los burócratas, pese a que está arriesgando su dinero y sus proyectos.
Este criterio raya en un excesivo estatismo.
Pues desconoce el derecho a la libertad de empresa que permite el desarrollo de actividades económicas conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.
“El Estado ha demostrado ser un mal administrador de recursos públicos”
El proyecto, cuyo inversionista es una empresa privada, plantea la construcción y operación de un complejo fotovoltaico.
Esto, según la planificación, a construirse en los terrenos donde se anunciaba la construcción de la fallida Refinería del Pacífico.
Luego de veinte años de trabajo, el proyecto pasaría a ser propiedad estatal.
El Estado ha demostrado ser un mal administrador de recursos públicos y un pésimo cumplidor de ofrecimientos.
La asociatividad público-privada deja en manos de la empresa privada la ejecución de obras para las que el Estado no tendría dinero ni capacidad operativa.
Editorial de El Diario publicado el sábado 1 de abril del 2023 en nuestra edición impresa.
