La Asamblea Nacional cometería un error y sentaría un mal precedente si otorga amnistía en combo a los autores de los actos vandálicos de octubre del 2019 en Quito.
La figura consiste en dar perdón de penas decretadas por el poder Judicial y es una medida incluida en el marco legal, pero como una alternativa excepcional para presos condenados, generalmente por delitos políticos.
En otras palabras, consiste en el perdón y olvido. Extingue la acción penal y la pena, es como si nada ocurrió. Borra todo.
La Asamblea Nacional tiene en sus manos la responsabilidad. Otorgarle este beneficio a vándalos que quemaron edificios y dañaron bienes públicos y privados sería una burla a la justicia y la sociedad.
La amnistía normalmente se usa para corregir abusos del poder y que son el resultado de injustas persecuciones, en casos en los que se ha vulnerado los derechos humanos o por temas humanitarios.
“La impunidad no se justifica en el caso de los actos vandálicos de Quito”.
Hay registros de haberse aplicado en casos, en los que existiendo sentencias justas, se interpone un beneficio superior como la paz de una nación. Allí entra en juego la reconciliación, pero lo que se sacrifica debe viabilizar claramente la gobernabilidad y convivencia social como un bien superior.
Ocurrió, por ejemplo, en el proceso de paz de Colombia, donde se amnistió a guerrilleros, en busca de la paz duradera.
En el caso actual no hay abuso de poder y los grupos anárquicos no se comprometen a no repetir sus ataques a la institucionalidad.
La sociedad perdería por todas partes.
Editorial de El Diario publicado este miércoles 16 de febrero del 2022 en nuestra edición impresa.
