No existe justificación para que se haya postergado la reconstrucción del complejo judicial penal de Portoviejo y, mucho menos, para que se hayan utilizado los recursos del seguro de esa dependencia para otros fines.
El complejo resultó destruido por el terremoto del año 2016, a los pocos meses de funcionamiento. El seguro desembolsó, según fuentes oficiales, siete millones de dólares para cubrir los daños en estructura y equipamiento.
Parte de esos recursos se han destinado a la reconstrucción del Palacio de Justicia, que debió ser cubierta con otros valores.
“En la provincia hay edificios públicos destruidos y terrenos abandonados, pues no hay dinero para la reconstrucción”.
Lo que ha ocurrido con el dinero del complejo judicial se dio, también, con los fondos de otros edificios públicos en toda la provincia. Por ejemplo, los inmuebles del IESS y el BIESS, la Contraloría, el Ministerio de Educación, por citar algunos.
Es paradójico que, mientras el Estado se debate en una preocupante crisis, haya dinero para alquilar edificios y no para reconstruir los propios. Y, en la mayoría de casos, los inmuebles alquilados requieren gastos adicionales en remodelación para que sean, al menos, un poco funcionales.
Editorial de El Diario publicado este martes 22 de marzo del 2022 en nuestra edición impresa.
