Paralizar servicios públicos y restringir derechos de los ciudadanos para presionar a un gobierno a que acate las exigencias de gremios y otros colectivos no es la mejor forma de solucionar los conflictos, menos en un país que afronta una crisis severa.
Tampoco soluciona nada que las autoridades marquen distancia y se muestren poco transigentes frente al malestar ciudadano.
Lo uno y lo otro, más bien, profundizan diferencias y cierran puertas a la conciliación que se requiere para buscar soluciones en época de crisis.
Algunas organizaciones populares han anunciado una medida de hecho general para la próxima semana, con el fin de exigir del Gobierno la atención a varios requerimientos relacionados con cuerpos legales y los ajustes mensuales a los precios de los combustibles.
“El reclamo de unos limita forzosamente los derechos de las mayorías”.
Una paralización implica una serie de restricciones, como la suspensión de servicios al público y el cierre de vías, entre otras. El reclamo de unos limita forzosamente los derechos de las mayorías que, estén de acuerdo o no, terminan siendo las afectadas.
Diálogo y trabajo es lo que necesita el país en condiciones como las actuales. Pero que sea un diálogo abierto, transigente, con predisposición a buscar salidas útiles.
Editorial de El Diario publicado este jueves 5 de agosto del 2021 en nuestra edición impresa.
