El anuncio del Presidente Guillermo Lasso de que se derrocará el edificio de la Escuela Superior de la Policía donde fue asesinada la abogada María Belén Bernal, para construir uno nuevo, es un despropósito.
No puede entenderse cómo en un país afectado por la crisis y cuyo gobierno recurre a la ayuda externa para atender las necesidades internas, las autoridades se permiten tirar abajo un bien público, porque en ese lugar se cometió un acto criminal que causó conmoción en el país.
Por puro simbolismo no pueden derrocharse así fondos públicos, y menos cuando todavía el Gobierno debe gran parte de las obras de reconstrucción en las provincias de Manabí y Esmeraldas, que seis años después del terremoto siguen esperando a que se cumplan los ofrecimientos; cuando hay desabastecimiento de medicinas en hospitales públicos; cuando los gobiernos seccionales esperan las asignaciones que por ley deben entregarles, entre un largo listado de necesidades.
“Por puro simbolismo no pueden derrocharse así fondos públicos”.
El Presidente de la República debería analizar si vale la pena cumplir lo anunciado. Una muerte -lamentable y rechazable, por cierto- no puede llevar a desperdiciar recursos que les cuestan a todos los ciudadanos.
Lo que debe hacer es reestructurar el proceso de formación de los uniformados y evaluar lo que existe.
Editorial de El Diario publicado este martes 27 de septiembre del 2022 en nuestra edición impresa.
