El Gobierno debería depurar y focalizar la entrega de todos los bonos para entregarlos con justicia a quienes lo necesiten por su condición económica, sin malgastar recursos públicos.
Es necesario hacer más eficiente el Registro Social, de tal manera que se mejoren los mecanismos de escogitamiento de los beneficiarios de las bonificaciones estatales, de tal forma que quienes los reciban sean personas que estén consideradas en los niveles más bajos de pobreza y pobreza extrema.
Según los registros, en más de dos décadas de vigencia del sistema de bonos, el Estado ha desembolsado más de 10.500 millones de dólares, con el fin manifiesto de ayudar a las familias a afrontar los efectos de la pobreza.
Sin embargo, es sabido, también, que no siempre este tipo de ayudas se entrega con justicia y equidad. Los parámetros se basan en tecnicismos y no en los aspectos humanos, por ejemplo.
“Los sistemas de subsidios y de registro social deberían mejorar para optimizar la entrega de estos beneficios”.
Lo mismo ocurre con subsidios en electricidad, gasolina y gas. La generalización impide que exista un filtro que determine quiénes deberían recibirlos y quiénes no.
Hay que sincerar las bonificaciones que se entregan a la población. Es justo que los beneficiarios sean estrictamente quienes las merezcan y necesiten. De lo contrario, se seguirán utilizando, como ahora, recursos para subsidiar a quienes no tienen necesidad de ello.
Editorial de El Diario publicado este lunes 5 de septiembre del 2022 en nuestra edición impresa.
