Desde la Asamblea Nacional podría emprenderse una acción para deshacer a la administración pública de tanto trámite y requisitos que, en vez de simplificar los procesos, los vuelven engorrosos y complican a los ciudadanos.
Debe ser desde el Legislativo porque esta función puede demandar el cumplimiento de las leyes por parte del sector público y establecer las reformas que sean necesarias.
Lo cierto es que a pesar de que existen normas, como la Ley de Optimización de Trámites Administrativos, siguen siendo letra muerta.
Los ciudadanos todavía deben llevar para sus trámites copia de la cédula y del certificado de votación, pese a que eso está prohibido. Y, peor, obtener documentos con datos que constan en los registros mismos de las instituciones que los solicitan.
Una persona que aspire a contratar con el Estado debe estar al día en absolutamente todo, incluso en el pago de multas de tránsito y la actualización de registros; si no, no podrá hacerlo.
Un ciudadano que requiera construir o reconstruir una vivienda tiene que cumplir una serie de requisitos que parece interminable, porque cada vez surgen nuevos requerimientos.
La excesiva burocratización y tramitología de lo público le resta competitividad al país y hace perder dinero y posibilidades de mejorar. Se debe terminar con esto.
