La situación de los gobiernos locales en el país atraviesa un momento crítico que sacude la institucionalidad democrática.
Tras la detención del alcalde de Machala, son ya cinco los alcaldes en funciones bajo prisión preventiva. Los procesos, que investigan presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y otras tramas de corrupción, afectan a la gobernabilidad de esos cantones y generan lógicas dudas en la ciudadanía.
Los alcaldes son funcionarios de elección popular, depositarios de la confianza directa del pueblo en las urnas. Por ello, la administración de justicia está obligada a actuar con prudencia extrema, pero a la vez con un rigor técnico que no amerite cuestionamientos.
Si bien la fiscalización y la lucha contra la corrupción son pilares innegociables, el debido proceso y el principio constitucional de la presunción de inocencia deben ser constantes en todos los casos.
La investigación debe llevarse a fondo, con transparencia absoluta y lejos de cualquier sesgo de politización. Esta es la vía para asegurar que la justicia prevalezca sin soslayar el mandato popular.
