Los accidentes de tránsito que involucran a buses de pasajeros y vehículos pesados se han vuelto frecuentes, lo cual revela un problema estructural que el Estado no ha sido capaz de resolver.
Los controles son insuficientes, las normas de tránsito se incumplen y amplios tramos de la red vial presentan deficiencias de señalización, iluminación y mantenimiento que elevan el riesgo de accidentes.
El problema no radica únicamente en la imprudencia al conducir. También responde a una gestión pública que actúa con lentitud y solo reacciona después de cada tragedia. Las explicaciones sobre limitaciones presupuestarias o procesos de contratación no son aceptables cuando el costo se mide en vidas humanas y pérdidas económicas.
Cuando el Estado demuestra que no puede garantizar carreteras seguras ni una fiscalización eficaz, debe abrir espacio a modelos de delegación y concesión que incorporen inversión, tecnología y estándares de gestión verificables. Desde esta columna de opinión se ha insistido en la necesidad de delegar las vías, sobre todo en Manabí, donde el deterioro es evidente.
No hay que olvidar que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad de las personas.
