Muchos ecuatorianos de la tercera edad le dieron el voto de «confianza» al actual presidente de la República. Este hecho fue muy publicitado durante las votaciones. Ellos acudieron con sus pasos lentos, a veces propios de la edad y, en otros casos, causados por enfermedades o discapacidades.
Hoy, este «ejército» siente que sus derechos están siendo vulnerados, no solo por la reducción de los rubros considerados para la devolución del IVA, como la gasolina, la vestimenta, el transporte y la cultura, sino también por la falta de atención oportuna en salud y seguridad.
Causa indignación ver cómo se gobierna desde los fríos escritorios, con burócratas que creen que gobernar significa someterse a los intereses impuestos por los organismos internacionales. Estos obligan al gobernante a exprimir los escuálidos recursos de la mayoría de los ecuatorianos para quedar bien con ellos y, a la vez, seguir endeudando al país.
Mientras tanto, tratan de distraernos con el discurso reiterativo de que el «riesgo país» ha bajado a niveles que ningún otro Gobierno había logrado. Esto es, en sí, una gran engañifa.
La devolución del IVA a las personas de la tercera edad y a aquellas con discapacidad es un derecho adquirido que no se puede eliminar mediante un simple reglamento administrativo. Aunque la cantidad sea pequeña, para una familia pobre constituye una ayuda para sobrevivir. Así ocurre con ese 35,7 % de hogares que subsisten con menos de un salario básico o que carecen de otros ingresos.
Existen personas de más de 65 años que son empresarias, empleadas públicas o privadas, así como otras privilegiadas con una pensión jubilar superior a los dos mil dólares. Menciono esta cantidad porque soy un jubilado de 90 años y percibo una pensión de mil dólares, valor que resulta insuficiente cuando debemos comprar medicinas todos los meses y gastamos casi la mitad de la pensión.
El Servicio de Rentas Internas (SRI), que es tan meticuloso, debería analizar quiénes merecen realmente este aliciente.
Felicito al grupo de jubilados que ha presentado ante la Corte Constitucional una demanda para que se dejen sin efecto estas reformas, como la pretensión de reducir los ítems de gasto relacionados con los combustibles, pues puede ocurrir que muchas personas los utilicen para movilizarse y recibir atención médica.
Creo que la Defensoría del Pueblo también debería actuar de oficio, porque se trata de defender no solo el derecho a la vida, sino también el derecho a una vida digna, como lo prescribe la Constitución vigente. Quienes manejan este tema deben revestirse de humanismo y sensibilidad social.
