En estos días de protestas, los reportes dan cuenta de una serie de agresiones contra comunicadores, lo cual no debe justificarse ni tolerarse.
Según Fundamedios, 23 periodistas y 15 trabajadores de la comunicación han sido agredidos, en su mayoría por miembros de la Policía. Este dato es alarmante y evidencia una peligrosa tendencia de intolerancia y represión. La libertad de prensa es un derecho ciudadano, no un privilegio profesional, y su vulneración afecta el acceso de todos a la verdad.
El contexto de las protestas exige responsabilidad tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden. El periodismo, protegido por la Constitución y por tratados internacionales, debe ejercer su labor sin amenazas ni represalias. Los ataques a comunicadores buscan restringir el flujo de información y cada golpe o intimidación contra un periodista erosiona el principio democrático de transparencia que sostiene al Estado de derecho.
Es urgente que las autoridades investiguen estos hechos. La sociedad, por su parte, debe mantenerse vigilante y defender el derecho a estar informada. Sin prensa libre no hay control ciudadano, y sin control ciudadano la democracia se convierte en discurso vacío.
