El acoso sexual en buses debe ser abordado como una prioridad. Esta es una forma de violencia normalizada que limita la libertad de las mujeres.
En Ecuador, estudios en Quito y Guayaquil muestran que seis o siete de cada diez mujeres han sufrido acoso en el transporte público. En Manabí faltan cifras propias, pero los reportes ciudadanos bastan para reconocer un problema que también está vigente en las unidades de transporte. No medirlo no lo vuelve inexistente.
El daño no termina al bajar del bus. Muchas mujeres cambian rutas, horarios, ropa o dejan de viajar solas. Así pierden tiempo, seguridad y oportunidades de estudio, trabajo y participación social.
No basta con colocar carteles. Municipios, operadores y autoridades deben aplicar protocolos obligatorios, cámaras funcionales, botones de pánico, capacitación y sanciones reales. Este no es un asunto de "malos hombres" aislados. Es una falla estructural tolerada por el silencio. Un transporte seguro también se mide por la libertad con que viajan las mujeres.
