En el campo, cuando te roban la cosecha, el ganado o las herramientas de trabajo, el delito no ocurre en una calle iluminada con cámaras; sucede en una parcela oscura, en un camino de tierra o en un caserío sin señal. Ahí empieza la diferencia entre la "justicia urbana" y la "justicia rural".
Denunciar ya es un calvario: hay que viajar hasta la cabecera cantonal, muchas veces perdiendo un día entero de trabajo; luego vienen los trámites interminables, las citas que se postergan, los fiscales que no llegan al lugar de los hechos y las investigaciones que avanzan con lentitud desesperante.
Mientras en la ciudad una denuncia se puede hacer en línea o en una unidad judicial cercana, en lo rural el proceso se vuelve caro, cansado y, muchas veces, inútil. Esta brecha genera una sensación profunda de desprotección. El agricultor, el pescador, el activista o el jubilado sabe que, así denuncie, es probable que nunca recupere lo robado, ni reciba protección, ni vea sancionado al responsable. Esa impunidad alimenta más delitos, más amenazas y más desánimo.
No se trata solo de más policías. Se necesita justicia cercana, con unidades judiciales móviles, fiscales que realmente investiguen en territorio, simplificación de trámites y un sistema que entienda la realidad del campo; porque hoy existe una doble justicia: una relativamente accesible para la ciudad y otra lejana, lenta y casi inalcanzable para quienes vivimos en la ruralidad.
¿Y de lo rural, qué? No podemos seguir aceptando que la distancia geográfica también sea una distancia frente a los derechos. Urge, entonces, que el Consejo de la Judicatura cierre esta brecha, porque el acceso a la justicia no puede ser un privilegio urbano.
