Existe información que la ciudadanía desconoce, lo que es lamentable para el desarrollo normal de una sociedad. Pero cuando existe una política oficial encaminada, por las máximas autoridades del país, para impulsar una ignorancia social absoluta, y la desaparición sistemática y planificada de toda documentación que pudiese acarrearle a la autoridad alguna responsabilidad, estamos hablando de una situación grave en extremo.
Resulta que el 10 de junio del 2026, en el segundo debate de la Ley para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes de la Fuerza Pública, los asambleístas del régimen (de ADN y sus aliados), introdujeron en forma inconstitucional una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, a su Art. 76, donde —se denuncia— agregaron que el contralor pueda "disponer la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentos físicos y digitales. Aplica especialmente para información confidencial o clasificada (por el propio régimen) como reservada, secreta o secretísima", agregando que "debe ejecutarse en un plazo de 30 días después de haber terminado el análisis de la información, exámenes especiales, auditorias y expedientes." Esta reforma viola el Art. 136 de la Constitución, que establece que los proyectos de ley "deberán referirse a una sola materia", y quebranta el procedimiento parlamentario porque no pueden presentarse en segundo debate reformas no socializadas.
A partir de ahora, la Contraloría o contralor, a petición del gobierno, podrá desaparecer, destruir, eliminar y borrar en forma segura y comprobada, a la mayor brevedad, "los documentos físicos y digitales" que el propio régimen las clasifique "como reservada, secreta o secretísima". Todo ello, lo recalca, "debe ejecutarse en un plazo de 30 días (...)" Esta conducta de impunidad inconcebible, e inmoralidad cívica incomparable, no la adoptaron ni siquiera las dictaduras fascistas.
Esta reforma inconstitucional, encubridora, perniciosa e inmoral, es evidente que apunta a ocultar lo realizado por el propio gobierno de Daniel Noboa, no solo en el sector minero o petrolero, sino en todo el manejo administrativo y político del país. Se calcula que el 82 por ciento de todas las decisiones y la documentación de la Presidencia y de los ministerios de la gestión de Daniel Noboa, de aplicarse esta norma, desaparecerán para siempre. Es una medida tan malévola, para ocultar y desaparecer evidencias de malos manejos, peor que la quema de la Contraloría en tres días distintos en octubre del 2019.
