Las Fuerzas Armadas no pueden clasificar a los medios de comunicación según su conveniencia ni condicionar el acceso a la información, a menos que se trate de asuntos especialmente reservados. No son deliberantes y carecen de competencia para premiar o castigar líneas editoriales. Cualquier filtro de "aptitud" constituye censura previa, una práctica prohibida por la Constitución y contraria a un Estado democrático.
Un oficio del Comando Conjunto de las FF. AA. ordenó evaluar a los medios por su línea editorial y cobertura histórica. Incluso fijó una tabla de puntajes para aprobar o negar acreditaciones. Con esto se está enviando un mensaje de intolerancia y de restricción indebida a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo independiente.
Además, la exclusión selectiva discrimina y viola la igualdad ante la ley. Las Fuerzas Armadas son un ente público financiado con recursos ciudadanos, por lo tanto, deben rendir cuentas y garantizar el acceso a la información, sin filtros ni barreras que vulneren la libertad de expresión.
Se insiste: hay temas de seguridad nacional que debe permanecer bajo el secreto oficial. Pero esto no rige cuando se trata de coberturas específicas y públicas.
Este tipo de prácticas debe eliminarse. Los silencios condicionados no defienden la seguridad. La censura debilita la imagen de las Fuerzas Armadas y afecta la democracia.
