El ajuste de presupuestos para el próximo año es responsabilidad de todas las instituciones del sector público, incluidas las empresas que, aunque figuran como autónomas o de constitución privada, responden al Estado.
Se prevé que el año 2020 terminará con una contracción de la economía ecuatoriana en un 9 por ciento, aproximadamente. Las exportaciones seguirán enfrentando tropiezos, el sector petrolero no tiene visos de recuperación hacia los valores de años anteriores y la economía interna afrontará un proceso lento y complejo de reactivación.
El Estado recaudará menos dinero en impuestos y, con consecuencia, deberá ceñirse a ello o aumentar las cifras de endeudamiento.
No es suficiente con que algunas instituciones reajusten sus presupuestos y tomen medidas para privilegiar el servicio y las obras. Deben hacerlo todas porque la crisis es general y no discrimina entre entidades.
Lo que sí debería ser potestad de cada institución es determinar en qué áreas se aplicarán las restricciones, siempre y cuando no se afecte mayormente la obra pública prioritaria y el servicio a los ciudadanos que son, al fin de cuentas, su razón de ser.
Frente a una crisis como esta, la búsqueda de salidas es tarea común. El sector público tiene una prueba difícil, pero que hay que superar de cualquier manera.
