Los frecuentes asesinatos de jueces, fiscales y otros funcionarios de la administración de justicia demandan una investigación exhaustiva y una respuesta inmediata del Estado.
Cuando las mafias ejecutan a operadores de justicia, lo que buscan es imponer el miedo y la impunidad, además de interrumpir los procesos.
Manabí es una provincia golpeada por el avance de la violencia vinculada a grupos criminales. Los operadores de justicia enfrentan causas complejas y de alto riesgo, mientras los mecanismos de protección siguen siendo insuficientes.
El Estado no debe permitir que las acciones contra el crimen organizado se conviertan en una sentencia de muerte para quienes las tienen a su cargo.
El Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior deben implementar un efectivo blindaje para fiscales y jueces. Se requieren esquemas permanentes de seguridad física, tecnología de vigilancia, análisis de riesgo e inteligencia preventiva. También es indispensable fortalecer la coordinación entre Policía, Fiscalía y organismos especializados.
Es importante, además, que se reformen las leyes para aplicar la figura de los jueces y fiscales sin rostro, a fin de evitar la exposición de quienes tienen a su cargo procesos que implique riesgo para ellos.
Parte de las mejores en la seguridad debe ser la protección de quienes actúan en el ámbito de la justicia y la celeridad en la investigación de los casos que se han presentado.
