La violencia en las inmediaciones de las unidades educativas ha cruzado un límite que ninguna sociedad responsable debe aceptar.
Las escuelas y los colegios deben ser lugares seguros para niños y jóvenes, no espacios de amenaza y de temor, como ha ocurrido en algunos lamentables casos.
Los hechos criminales cerca de los planteles educativos no pueden tratarse como hechos aislados. Son un síntoma de que la inseguridad se ha extendido a las aulas, afectando la escolaridad, el rendimiento académico y la salud emocional de estudiantes y docentes.
A esto se pueden sumar los hallazgos de drogas y armas en poder de alumnos, y las amenazas y extorsiones que involucran a actores del proceso educativo, entre otras acciones que revelan la incursión de la violencia en los llamados templos del saber.
Frente a esto, la Policía, los ministerios competentes y los gobiernos locales deben implementar corredores escolares seguros, con patrullaje fijo, vigilancia permanente —y más a las horas de clases— y acciones preventivas en los horarios de ingreso y salida.
Son mecanismos de protección para los estudiantes, pero más allá de esto también hace falta un trabajo de prevención de la violencia que involucre y asigne responsabilidad a toda la comunidad educativa.
En esto hay que empezar cuanto antes.
