El caso Progen se ha convertido en uno de los episodios más polémicos de la reciente crisis energética. Lo que comenzó como una contratación urgente para enfrentar los apagones terminó en denuncias de presunto peculado, equipos cuestionados y millonarias pérdidas para el Estado. Sin embargo, lo que más nos ha indignado no es el posible perjuicio económico al Estado, sino el hecho de que varios técnicos que habrían alertado sobre las irregularidades terminaron procesados y enviados a prisión preventiva.
Entre ellos aparece el nombre de Celso Sánchez, integrante de la comisión técnica que inspeccionó los generadores en Estados Unidos. Según publicaciones periodísticas y declaraciones de sus abogados, Sánchez habría grabado videos, emitido observaciones y elaborado informes donde advertía que los equipos no eran nuevos, que tenían placas remarcadas y no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas
La gran contradicción surge cuando esos mismos funcionarios que aparentemente, intentaron alertar sobre el problema terminan enfrentando prisión preventiva junto con otros investigados. Esto genera una pregunta inevitable: ¿qué incentivo tiene un servidor público para denunciar irregularidades si podría terminar criminalizado de la misma manera que quienes promovieron o aprobaron decisiones cuestionadas? El mensaje que percibe gran parte de la sociedad es devastador: quien se opone, habla o denuncia, corre el riesgo de ser señalado y enjuiciado; mientras que las estructuras políticas y administrativas de mayor poder parecen mantenerse intactas.
Además, el caso ha despertado críticas porque varias defensas aseguran que correos electrónicos, audios y videos entregados a la Fiscalía no habrían sido incorporados completamente al expediente. También se ha señalado que ciertos altos funcionarios o responsables políticos no forman parte del proceso judicial, pese a que participaron en decisiones relacionadas con la contratación de emergencia.
El problema de fondo no es solamente jurídico, sino institucional y moral. En un país golpeado históricamente por la corrupción, la lucha contra las ilegalidades depende muchas veces de funcionarios técnicos que se atrevan a decir "no" frente a presiones políticas o económicas. ¡Recordemos el caso Gabela!
De hecho, si esos técnicos terminan perseguidos, encarcelados o abandonados por el propio sistema, se establece un precedente peligroso: el silencio se vuelve más seguro que la palabra honesta. Y cuando eso ocurre, la corrupción deja de ser un hecho aislado para convertirse en una cultura de miedo e impunidad.
Este caso no solo pone a prueba a la justicia ecuatoriana, también la confianza ciudadana, si todavía vale la pena actuar con honradez e integridad dentro de una administración pública dudosa.
