EditoriaEl estado de excepción en Manabí, convertido en una orden permanente, ha dejado de ser una medida extraordinaria y, por ello, perdió su capacidad disuasiva. Los operativos son, para la ciudadanía, menos efectivos frente a las acciones de estructuras delictivas que operan con rapidez y adaptación.
La percepción es que los controles no han reducido las cifras de hechos violentos como homicidios, robos y extorsiones. Es cierto que hay resultados satisfactorios, pero en el balance general el avance delictivo es mayor.
En los últimos años, los gobiernos han recurrido de manera reiterada a estados de excepción para enfrentar la seguridad, trasladando a las Fuerzas Armadas a tareas de control interno. Es una medida necesaria ante la crisis, pero la persistencia de los altos niveles de violencia debilita su impacto y desgasta la confianza ciudadana en este tipo de acciones.
La estrategia oficial de seguridad debe replantearse. No debe permitirse que, en medio de medidas que deberían convertirse en barreras contra los delitos, la criminalidad persista sembrando el temor y afectando a la sociedad.
