Ecuador debe avanzar hacia una minería regulada y moderna. Mantener el esquema restrictivo actual solo fortalece la ilegalidad.
Cuando la inversión formal encuentra trabas excesivas, pasa lo que hoy soporta el país: proliferan operaciones clandestinas que no pagan regalías, contaminan ríos y financian economías criminales. Además, el Estado pierde recursos y control territorial.
Regular con reglas claras es preferible a tolerar un vacío que beneficia a grupos delictivos y profundiza el daño ambiental.
En los próximos años, la minería será un importante motor en la economía, tal como lo ha sido el petróleo en los últimos 40 años.
Desde esa perspectiva, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía puede ser un instrumento positivo. El país posee importantes reservas de cobre y oro y necesita diversificar su economía.
Canadá y Chile han demostrado que es posible combinar inversión privada, controles estrictos y fiscalización permanente, incluso con auditorías internacionales. Pero para lograrlo en Ecuador se requieren instituciones sólidas, transparencia y participación comunitaria.
Facilitar autorizaciones puede dinamizar proyectos, pero jamás a costa de páramos, bosques o fuentes de agua. El desarrollo no puede sacrificar la vida ni la biodiversidad. Ecuador debe exigir tecnología limpia, aplicar controles y redistribuir beneficios con justicia territorial.
