Todos los países del mundo poseen Fuerzas Armadas. La diferencia radica en la función que cumplen en una sociedad. En muchos, con gobiernos populares, son la garantía y custodios de los intereses nacionales y populares, como en el México del general Lázaro Cárdenas, el Panamá del general Omar Torrijos o el Perú del general Juan Velasco Alvarado; y, en otros, con regímenes entreguistas, las emplean para la represión social y para proteger los intereses de las corporaciones extranjeras.

Mediante el Decreto Ejecutivo 280, del 16 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa ordena, en su primer artículo, disponer la extinción de la Empresa Pública Santa Bárbara EP, para cuyo efecto serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas (...), y dispone que se agregue a su nombre la frase en liquidación y que, en treinta días, se designe a su liquidador. En el artículo 2, inciso segundo, se establece que una vez designado, el liquidador contará con un plazo máximo de noventa días para ejecutar y concluir el proceso de liquidación. Es decir, hasta el 16 de mayo de 2026.

Existen reflexiones obvias al respecto: ¿Cierran la fábrica de pertrechos y municiones de propiedad del Estado para comprar dichos productos a empresas extranjeras? ¿Ya tienen previsto qué empresas y de qué países les suministrarán los productos que dejará de producir la empresa fiscal que, por 44 años, ha colaborado con las instituciones de seguridad del país? ¿No será que ya tienen determinados incluso los intermediarios de la venta de estos productos de uso militar? Estemos atentos a sus beneficiarios y a los nexos que tienen con la plana mayor del gobierno y sus allegados. Lo puede determinar con facilidad la propia institución.

Desde la lógica más elemental, resulta muy inconveniente para los intereses nacionales y para las instituciones de seguridad depender de compañías y países extranjeros para el suministro de elementos fundamentales para el ejercicio eficaz de sus labores. ¿No se puede modernizar? ¿Por qué lo hacen precisamente ahora? ¿Ya están listos y en el país los pertrechos importados que sustituirían a los que producía el país? ¿A qué persona o compañía extranjera se busca favorecer? Un país que no se autoabastece, de forma garantizada, de elementos indispensables para su funcionamiento puede quedar desabastecido por retaliación o por una política contraria a la suya. Impedir el autoabastecimiento es fomentar la dependencia. ¿Están de acuerdo los jefes institucionales?

Existe un debilitamiento progresivo y planificado de las Fuerzas Armadas de Ecuadpr. En 2010, con la LOES, les despojaron del IAEN como preludio para ingresar a la Convemar, donde el país perdió las 200 millas marinas de soberanía plena y quedó solo con doce. Con la Ley de Seguridad Pública y del Estado, de 2009, les excluyeron de todas las empresas estratégicas de petróleo, electricidad y telefonía, alegando que son elementos no deliberantes (artículo 44), de cuyos directorios nunca debieron salir. Les despojaron de Tame y de otros espacios.