Cada proceso electoral debería ser una competencia de ideas, propuestas y liderazgo. Sin embargo, en Ecuador, cada vez con mayor frecuencia, las campañas parecen trasladarse desde las plazas y los debates hacia los despachos judiciales y los organismos electorales. El resultado es un escenario donde la discusión política queda relegada por denuncias, impugnaciones, investigaciones y decisiones administrativas que terminan ocupando el centro del debate nacional.
No corresponde afirmar, sin pruebas concluyentes, que exista una persecución sistemática contra los candidatos de oposición. Pero tampoco puede ignorarse que una parte importante de la ciudadanía percibe que las acciones institucionales recaen con especial intensidad sobre figuras que representan una amenaza electoral para quienes ostentan el poder. Esa percepción, independientemente de que sea o no correcta, ya constituye un problema para la democracia, porque erosiona la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la igualdad de condiciones.
La política ecuatoriana ha normalizado un fenómeno preocupante: los tribunales y los organismos de control se convierten, una y otra vez, en protagonistas del calendario electoral. Aspirantes enfrentan denuncias, investigaciones o procesos de calificación mientras la campaña avanza, generando un ambiente de incertidumbre permanente. Los casos recientes han reavivado las acusaciones de "lawfare" o judicialización de la política por parte de sectores de oposición, mientras las autoridades insisten en que simplemente aplican la ley sin distinciones.
El problema no radica únicamente en quién tiene la razón. La verdadera preocupación surge cuando la ciudadanía deja de confiar en la imparcialidad de las decisiones públicas. En democracia, la legitimidad no solo depende de actuar conforme a la ley, sino también de que esa actuación sea percibida como independiente, transparente y libre de intereses políticos.
Cuando un candidato con respaldo popular es investigado, una parte del país habla de justicia; otra, de persecución. Cuando una candidatura es impugnada, unos celebran el cumplimiento de la normativa y otros denuncian exclusión política. Esa polarización demuestra que las instituciones enfrentan un enorme desafío: recuperar credibilidad.
La democracia ecuatoriana necesita instituciones fuertes, independientes y confiables. Porque cuando los ciudadanos dejan de creer en los árbitros, también empiezan a desconfiar del resultado del partido. Y una democracia donde la confianza desaparece es una democracia que comienza a debilitarse.
Las elecciones deben decidirse en las urnas, no en la sospecha permanente.
