Ecuador, cada vez que enfrenta dificultades fiscales, ve resurgir propuestas orientadas a reducir el gasto público y flexibilizar el mercado laboral. En este contexto, tiene lugar la afirmación del exministro de Economía Carlos de la Torre, quien sostiene que el Gobierno tendría listas varias medidas: la eliminación del subsidio al gas, la incorporación de los décimos tercer y cuarto sueldos para el cálculo del impuesto a la renta de los trabajadores, y la eliminación de los décimos a los jubilados. De concretarse, estas medidas representarían un potente golpe contra las conquistas sociales y la economía de millones de ecuatorianos.
El subsidio al gas doméstico comenzó a partir de 1970, durante el boom petrolero, bajo el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara. La enorme masa de ingresos permitió al Estado implementar una política destinada a garantizar a los hogares un combustible limpio para mejorar las condiciones de salud y bienestar, convirtiéndose en un componente de la política social.
El décimo tercer sueldo fue establecido en el Registro Oficial n.º 316, del 26 de noviembre de 1962, durante el gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy. Fue concebido como un aguinaldo navideño para los trabajadores afiliados al hoy Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Más tarde, mediante la Ley 68-010, publicada en el Registro Oficial n.º 41, del 29 de octubre de 1968, durante el quinto período de José María Velasco Ibarra, se instituyó el décimo cuarto sueldo, conocido como bono escolar, destinado a aliviar los gastos familiares del inicio del año lectivo.
Estas remuneraciones salariales fueron el resultado de un período de profundas transformaciones sociales y de la consolidación del Estado como garante de derechos laborales. Con los años, el Código del Trabajo incorporó estos beneficios en sus artículos 111 y 113, al tiempo que se extendió este derecho a jubilados del IESS, jubilados patronales y pensionistas de los regímenes especiales, consolidándolos como parte del sistema de protección social.
Reducir o eliminar estos derechos significaría sacar dinero del bolsillo de millones de hogares, debilitar el consumo interno y aumentar la vulnerabilidad económica de trabajadores y jubilados. Paradójicamente, una política concebida por el gobierno actual y planteada por el FMI para supuestamente equilibrar las finanzas públicas trasladaría el peso a quienes viven de un salario o de una pensión.
Ecuador necesita una discusión seria sobre la eficiencia del gasto público, la lucha contra la evasión tributaria y el combate a la corrupción. Esas son las verdaderas reformas que se necesitan, y no sacrificar derechos sociales conquistados durante décadas.
