Juristas, políticos y activistas cuestionaron este martes las acciones del presidente Daniel Noboa y su gabinete durante la marcha contra la Corte Constitucional en Quito. Varias voces advirtieron sobre un preocupante gesto autoritario del Presidente. El gobierno volvió a criticar a la Corte Constitucional por suspender medidas que según el ejecutivo permiten trabajar a la Policía y el Ejército contra la delincuencia.

A la marcha desarrollada en Quito asistieron miles de ciudadanos provenientes de varias provincias, algunos de los cuales, según denuncias, serían funcionarios públicos, una práctica común durante el gobierno de Rafael Correa.

Ayer también se evidenciaron pancartas con los rostros y nombres de los miembros de la Corte Constitucional, organismo que suspendió provisionalmente artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo de Daniel Noboa. Esta exhibición recordó a varios críticos las cadenas sabatinas del correísmo, en las que se señalaba públicamente a personas o colectivos que expresaban posiciones contrarias al gobierno.

Reacciones encendidas contra Noboa

El abogado y docente Salim Zaidán fue directo: “Correa y Noboa son idénticos”. Agregó que “desprecian la democracia, tratan al pueblo como manada y buscan enemigos por todos lados”.

Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, su director Mauricio Alarcón-Salvador cuestionó a quienes hoy justifican estas prácticas, pero las cuestionaron durante el gobierno de Rafael Correa Delgado. El abogado mencionó que “los mismos que fueron estigmatizados en sabatinas, hoy están a favor de esa práctica contra los miembros de la Corte Constitucional”. Advirtió que los principios democráticos deben estar “más allá de la ideología”.

Otras reacciones contra acciones del gobierno

El exministro y exasambleísta Henry Cucalón calificó como “aberrante” la exhibición de rostros de los jueces en pancartas durante la marcha. “La intimidación como política de Estado” no es buena, aseguró. “Rechazo con firmeza este desafuero disfrazado de voluntad popular”, dijo.

El jurista Farith Simon consideró “deleznable” mostrar las fotos de los jueces junto al mensaje “estos son los que nos roban la paz”. Preguntó si no será “la delincuencia y la corrupción” lo que realmente amenaza al país.

Acusaciones de intimidación como en el gobierno de Correa

El constitucionalista Aldrin Gómez Valdiviezo advirtió que “cuando debilitamos las instituciones, preparamos el terreno para que mañana no tengamos a quién acudir cuando nuestros derechos sean vulnerados”.

“Hoy vemos buses llegando de varias provincias, llenos de ciudadanos que creen marchar por sus derechos. Pero hay una paradoja dolorosa: al atacar a la Corte Constitucional—guardiana de nuestra Constitución—marchan contra la misma democracia que los protege”.

Gómez Valdiviezo cree que “las instituciones no son perfectas, pero son el dique que nos separa del autoritarismo. Cuando las debilitamos, no construimos un país mejor; preparamos el terreno para que mañana no tengamos a quién acudir cuando nuestros derechos sean vulnerados. La democracia se defiende fortaleciendo sus instituciones, no destruyéndolas”, dijo

Un llamado a mirar el pasado y pensar en el futuro

La abogada y académica María Dolores Miño recordó que “el autoritarismo no es rentable a largo plazo. Los prepotentes y déspotas terminan en prisión, en el exilio o con recompensas sobre sus cabezas”. Esta frase en clara alusión a lo que ha pasado con los líderes del correísmo.

Miño recordó que “Los que otrora eran los atropelladores de turno, los prepotentes, los déspotas, hoy se pudren en prisiones, enloquecen en el exilio o tienen recompensas millonarias sobre sus cabezas”.

Críticas por incoherencia política

Para Juan Pablo Albán, abogado que sufrió persecución en el correísmo, la situación revela una falta de coherencia: “Cuando nos exhibían en sabatinas, los que hoy aúpan el denuesto a la Corte se rasgaban las vestiduras. Ahora lo alientan. Este país debería llamarse República de la incoherencia”.

Incluso voces que en el pasado militaron en la política, como Cucalón, coincidieron en que la estrategia de confrontación del Ejecutivo “no tiene límites en sus bajezas” y advirtieron que la intimidación “como política de Estado” erosiona la democracia.

Defensa oficial y justificación de la protesta

Desde el Ejecutivo, el ministro de Defensa Giancarlo Loffredo defendió la marcha y criticó la suspensión de artículos clave de las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad. “Esta Corte no ha hecho más que ser una molestia y un estorbo para el Bloque de Seguridad”, afirmó.

Loffredo manifestó que marcha con el pueblo “en contra de una Corte, porque no puede ser que unos jueces sentados atrás de un escritorio, le quiten a las Fuerzas Armadas y a la Policía las herramientas”.

Sobre las pancartas con rostros de jueces, Loffredo dijo estar de acuerdo: “Tienen que dar la cara al pueblo y las razones de por qué están en contra de lo que este pide”.

El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que los magistrados “no están favoreciendo a los 18 millones de ecuatorianos, sino a grupos delincuenciales”. Aseguró que la movilización fue pacífica y que buscó “decirle a la Corte que no están tomando las decisiones correctas”.

La marcha y el conflicto entre Noboa y la Corte

La movilización encabezada por Noboa fue convocada en respuesta a la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente artículos de las leyes impulsadas por el Ejecutivo como parte de su plan contra el crimen organizado.

El mandatario calificó la resolución como un freno a su política de seguridad. El gobierno incluyó en su propuesta de consulta popular una pregunta para que la Asamblea pueda enjuiciar políticamente a jueces constitucionales, medida que críticos interpretan como un intento de subordinar el poder judicial.

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) dice que el Presidente pone en peligro la “vida democrática del país” y que genera un conflicto de enfrentamiento entre ecuatorianos al convocar a una marcha. Agrega que “lo irónico es que está utilizando recursos públicos, ya que las Fuerzas Armadas estuvieron rodeando la Corte Constitucional”.

Preocupación internacional y dudas internas

La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, negó que el Ejecutivo financiara las lonas y vallas con los rostros de los jueces, aunque la uniformidad de los carteles y la logística despertaron interrogantes. Así mismo, la entrega de sándwich, como durante el correísmo a quienes acudieron a las marchas.

Tanto Human Rights Watch como la relatora de la ONU para la independencia judicial expresaron preocupación por las posibles presiones políticas contra la Corte. El gobierno minimizó estas advertencias y aseguró que “no son motivo de inquietud”.

Los señalamientos de autoritarismo a Noboa

Durante su primer periodo presidencial en el que Daniel Noboa terminó los meses que faltaban del gobierno de Guillermo Lasso ya se había abordado este tema. La entonces vicepresidenta Verónica Abad ya había acusado a Noboa de “creerse por encima de la ley” y de tener un estilo “sin duda autoritario”.

El pulso con la Corte reaviva el debate sobre el equilibrio entre la necesidad de seguridad y el respeto a la institucionalidad.