El Juzgado de Familia de San Salvador, en El Salvador, autorizó “el primer cambio de nombre de un hombre trans” de acuerdo a su identidad de género, según informó este jueves la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
La organización indicó que “el proceso de cambio de nombre y adecuación de la mención al género y sexo en los documentos de identificación se presentó en marzo de 2022, con la representación legal de Fespad”.
Agregó, sin precisar la identidad de la persona, que fue el 27 de julio pasado que el referido juzgado “realizó la audiencia de sentencia” sobre este caso.
“Este proceso, acompañado por Fespad, es el primer caso donde se autoriza el cambio de nombre y adecuación de la referencia al género y sexo a un hombre trans en El Salvador, marcando un hito en la historia de los derechos civiles de la población trans”, subrayó.
En marzo pasado, El Salvador reconoció oficialmente la identidad de género de la activista trans Bianka Rodríguez al emitir su Documento Único de Identidad (DUI) de acuerdo al nombre con el que ella se identifica.
El reconocimiento de la identidad de Rodríguez, directora de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (Comcavis-Trans), se dio tras casi un mes de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenara al Congreso emitir una reforma que permita el cambio de nombre en razón de la identidad de género.
“La Asamblea Legislativa deberá emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género”, dictaron los jueces constitucionales, sin que se conozcan avances en la Asamblea Legislativa.
En marzo de 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó al Congreso un anteproyecto de Ley de Identidad Género, cuyo estudio no avanzó.
Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual reclaman la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos.
En diversas ocasiones, las activistas de derechos humanos de la comunidad LGBTI han denunciado que la violencia y discriminación que sufre su comunidad obliga a sus miembros a huir del país para no morir a manos de las pandillas o de los cuerpos de seguridad de un Estado “cómplice” de los asesinatos y la impunidad.
