La Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) definieron nuevas acciones frente a lo que consideran un escenario crítico en el país. Ambas organizaciones sociales, con amplia trayectoria en movilizaciones y resistencia, marcaron posiciones que podrían tensar aún más la relación con el gobierno de Daniel Noboa.
La UNE anuncia un calendario de acciones de protesta
El Comité Ejecutivo Ampliado de la UNE se reunió el 6 de septiembre en Quito para analizar la coyuntura nacional y establecer una hoja de ruta. Según la dirigencia, la situación del Ecuador atraviesa una crisis que impacta directamente en varias sectores. Entre ellas la educación pública, la salud, el trabajo digno y la seguridad social.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, señaló en redes sociales que existe un abandono estatal y una falta de políticas claras en beneficio de los trabajadores y estudiantes. Por ello, el gremio decidió intensificar su lucha con un plan de movilizaciones que se extenderá hasta octubre:
- 11 de septiembre: movilización nacional en defensa de la educación, salud, trabajo digno y seguridad social, con epicentro en Quito.
- 16 de septiembre: jornada en defensa del agua en Quimsacocha, Azuay, en rechazo a las actividades extractivas en esa zona.
- 5 de octubre: murales y expresiones culturales en el marco del Día Internacional del Docente.
- 18 de octubre: convención de organizaciones sociales en Guayaquil, con el objetivo de ratificar la defensa del IESS y planificar nuevas protestas.
Con este calendario, la UNE se posiciona nuevamente como uno de los actores sindicales más activos en el escenario social ecuatoriano.
La Conaie y su línea roja frente al extractivismo
Por su parte, la Conaie también se pronunció tras su consejo ampliado celebrado el 4 y 5 de septiembre en Quito. Bajo la conducción de su nuevo presidente, Marlon Vargas, la organización indígena ratificó las resoluciones tomadas en el VIII Congreso de julio, cuando Leonidas Iza aún estaba al frente.
Entre las principales resoluciones destacan:
- Convocar a un levantamiento nacional de resistencia contra la minería, el petróleo, el agronegocio y las leyes que —según la Conaie— vulneran los derechos colectivos.
- Rechazar cualquier diálogo con el gobierno en materia extractiva, mientras continúe la criminalización de defensores de la naturaleza.
- Expulsar a seis legisladores de Pachakutik que han votado junto al oficialismo en la Asamblea, acusándolos de traicionar el mandato de las bases.
Marlon Vargas fue enfático en señalar que existen “líneas rojas innegociables” en materia de extractivismo: “En algunos territorios se ha dicho no al extractivismo y esas son líneas rojas innegociables. Cuando nuestros derechos han sido amedrentados hemos estado en las calles, y eso volverá a pasar si el gobierno no cumple con nuestras demandas”.
El dirigente también rechazó las críticas que lo acusan de ser “tibio” con el gobierno de Noboa, afirmando que se trata de campañas de desinformación destinadas a dividir al movimiento indígena.
Contexto de conflictividad social
Tanto la UNE como la Conaie han sido protagonistas de movilizaciones históricas en el Ecuador. Su capacidad de convocatoria y presión política suele generar un impacto significativo en la gobernabilidad.
La coincidencia de agendas entre ambos sectores en un mismo periodo eleva la expectativa sobre posibles protestas masivas en septiembre y octubre. Aunque la Conaie aún no ha fijado una fecha concreta para salir a las calles, dejó abierta la posibilidad de hacerlo si considera que los acuerdos sobre territorio, agua y derechos colectivos son vulnerados.
En este escenario, el gobierno de Daniel Noboa enfrenta el reto de abrir canales de diálogo sin desatar un nuevo ciclo de conflictividad social, que podría tener efectos directos en la estabilidad política y económica del país.
