La Conaie denunció el 26 de septiembre la presencia de militares y policías en La Esperanza, Imbabura, durante las protestas contra el fin del subsidio al diésel, con reportes de heridos.
Despliegue militar en La Esperanza
En videos difundidos por la Conaie en X se observa a manifestantes reclamar a gritos la presencia de militares en la parroquia La Esperanza, Imbabura.
La organización aseguró que los uniformados usaron bombas lacrimógenas, lo que dejó varios heridos. La Conaie señaló que estas acciones constituyen actos de intimidación y represión contra las familias de la zona.
⭕ #ParoNacional | En el sector de La Esperanza, #Imbabura, la represión militar dejó heridos en territorios del Pueblo Karanki. Atacaron sin piedad, con violencia desmedida, vulnerando los derechos de nuestras comunidades. @CIDH @UNHumanRights @ONU_es#CONAIE #Ecuador… pic.twitter.com/H6D4nEkUbG
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 26, 2025
Represión denunciada en Cuenca
La Universidad de Cuenca rechazó las detenciones realizadas la noche del 25 de septiembre durante un plantón en la Gobernación de Azuay.
En redes sociales circularon videos que muestran a policías usar motocicletas y fuerza física para dispersar a los manifestantes.
La Cedhu denunció un uso excesivo de la fuerza y solicitó que los estudiantes detenidos tengan acceso a abogados y contacto con familiares.
Nuevas denuncias en Otavalo
La Conaie reportó el ingreso de policías a la comunidad de Huaycopungo, Otavalo, donde supuestamente se lanzó gas lacrimógeno contra pobladores.
El hecho ocurrió un día después de que la organización solicitara la liberación de 12 manifestantes trasladados a cárceles en Esmeraldas y Portoviejo.
En paralelo, comunidades de la Amazonía mantienen bloqueos en la Troncal Amazónica y ratifican su adhesión al paro nacional.
Aumentan los detenidos
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que entre 95 y 96 personas permanecen detenidas en el contexto de las protestas.
Unas 48 personas son investigadas por presuntos delitos como terrorismo, ataque o resistencia y paralización de servicios públicos.
La Fiscalía señaló que 12 de los 13 procesados por los disturbios en un destacamento policial de Otavalo recibieron prisión preventiva.
