El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, impuso una multa de USD 4.700, equivalente a 10 salarios básicos unificados, a la asambleísta de Revolución Ciudadana (RC), Patricia Núñez, por cometer una infracción electoral grave al inducir al voto mediante redes sociales durante las elecciones generales de 2025. La sentencia, emitida el 15 de septiembre en Quito, responde a una denuncia presentada por el exconsejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas. Esta sentencia establece un precedente sobre el uso de plataformas digitales por servidores públicos en períodos electorales.
La denuncia de Guarderas acusó a Patricia Núñez, representante de Chimborazo, de difundir mensajes y participar en eventos que promovían al binomio correísta de Luisa González y Diego Borja entre el 7 y 9 de abril de 2025, utilizando su cuenta en la red social X (@patynunezrCh). Un peritaje forense confirmó la autenticidad de las publicaciones. También, determinó que no fueron manipuladas. Además, se verificó que la cuenta fue eliminada o su contenido ocultado tras la denuncia. El juez Viteri consideró que la materialidad de la infracción y la responsabilidad de Núñez quedaron legalmente probadas, aplicando una sanción económica bajo el principio de proporcionalidad, en lugar de la destitución contemplada como sanción máxima en la normativa electoral.
Multas hacia otros asambleístas de la RC
Patricia Núñez tiene 30 días para pagar la multa, contados desde la ejecución de la sentencia. Aunque aún puede apelar la resolución ante el Pleno del TCE. La decisión judicial refuerza la regulación del uso de redes sociales por funcionarios públicos durante campañas electorales, un tema recurrente en la jurisprudencia ecuatoriana. El 2 de julio de 2025, el mismo juez Viteri sancionó a Viviana Veloz, jefa de bloque de RC, con una multa de USD 9.000 por campaña anticipada en las elecciones de 2023. Tras una apelación, el Pleno del TCE redujo la sanción a USD 4.700 el 8 de agosto. Este caso guarda similitudes con el de Patricia Núñez.
El fallo contra Núñez se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre las actividades de los asambleístas en redes sociales, especialmente en períodos electorales. La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de Ecuador prohíbe a los servidores públicos usar sus cargos para inducir al voto. Esta norma busca garantizar la equidad en los procesos electorales. La sanción a Patricia Núñez, se suma a los esfuerzos del TCE por establecer límites claros en el uso de plataformas digitales, que han ganado relevancia como herramientas de campaña en los últimos años.
Contexto de las tensiones políticas de la RC
El caso también refleja tensiones políticas en la Asamblea Nacional, donde Revolución Ciudadana mantiene una bancada significativa con 48 escaños, según datos oficiales. La denuncia de Guarderas, destituido del Consejo de Participación Ciudadana en 2024, añade un trasfondo de confrontación entre sectores políticos opuestos al correísmo.
El TCE, como máximo organismo electoral contencioso, continuará revisando casos similares, especialmente tras el incremento de denuncias por infracciones en redes sociales durante las elecciones de 2025. La resolución aún no es definitiva. Una eventual apelación de Patricia Núñez será resuelta por el Pleno del TCE en las próximas semanas. Esta podría modificar la sanción o ratificar el fallo.
