Transportistas, conductores y gremios sociales de Santo Domingo, Ecuador, exigen la anulación de multas de tránsito captadas por cámaras y la devolución de $47 por sanción. Esto, tras la suspensión anunciada por el alcalde Wilson Erazo, debido a un error tecnológico-administrativo.
Alcalde de Santo Domingo anunció eliminar las sanciones
El viernes 8 de agosto de 2025, el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, anunció la suspensión de las sanciones registradas por las 40 cámaras de vigilancia instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, como la avenida Quito. Estas multas, con un valor de $47 cada una, fueron emitidas por un “error tecnológico-administrativo”, según el burgomaestre.
La decisión se alinea con la Ley de Integridad Pública, vigente desde junio de 2025, que prohíbe sanciones de tránsito mediante medios tecnológicos hasta diciembre de este año. La reacción de los ciudadanos no se hizo esperar. Conductores particulares y transportistas, junto a representantes de gremios sociales de Santo Domingo, demandan un procedimiento claro para la anulación de multas y la devolución de los valores pagados. Además, solicitan que los registros de estas sanciones sean eliminados de la plataforma oficial de la Empresa de Tránsito de Santo Domingo.
Protesta frente al Municipio
Decenas de personas se congregaron frente al Municipio de Santo Domingo para exigir la baja definitiva del sistema de multas. Ramón Vera, representante de la Cámara de Transporte Pesado, señaló que el anuncio del alcalde en redes sociales carece de validez sin una resolución formal. “Necesitamos un documento que deje sin efecto las multas generadas y garantice la devolución del dinero a quienes ya pagaron”, afirmó Vera.
Las sanciones, según denuncias en redes sociales, comenzaron a notificarse el 1 de agosto, aunque correspondían a infracciones registradas en julio y hasta tres meses atrás. Vera anunció que los transportistas presentarán una acción de protección para respaldar su reclamo y asegurar la restitución de los valores cobrados.
Falta de formalidad en el proceso
El abogado especialista en derecho administrativo, Carlos Herrera, explicó que el procedimiento seguido por el alcalde no cumple con los requisitos legales. “Debe emitirse una resolución formal que disponga la anulación de las infracciones y la suspensión del sistema, registrada y notificada oficialmente”, indicó.
Herrera añadió que la Empresa de Tránsito de Santo Domingo debe coordinar con la Agencia Nacional de Tránsito para actualizar los registros a nivel nacional y establecer un proceso público y accesible para la devolución de valores. Herrera subrayó la importancia de evitar trámites engorrosos para garantizar la igualdad de trato a todos los afectados. Sin esta formalidad, las declaraciones del alcalde no tienen validez legal, según el experto.
Debate en el Concejo Municipal de Santo Domingo
Durante la sesión del Concejo Municipal del 12 de agosto, la concejal de Santo Domingo, Liliana Silva insistió en la necesidad de un documento oficial que respalde la suspensión de las multas. “Los ciudadanos necesitan certeza de que anularán sus registros”, afirmó. El alcalde Erazo reiteró que suspendieron el sistema de registro de multas y anularán las sanciones. “A los compañeros que pagaron, les devolveremos”, aseguró, descartando que utilicen el tema con fines políticos.
La Ley de Integridad Pública, vigente desde junio de 2025, prohíbe el uso de cámaras y radares para sanciones de tránsito durante seis meses. En Santo Domingo, las cámaras de vigilancia instaladas en zonas de alta circulación, como la avenida Quito, generaron controversia por la cantidad de sanciones emitidas.
La suspensión de las multas busca corregir el “error tecnológico-administrativo” señalado por el alcalde, pero los ciudadanos exigen claridad en los procedimientos para recuperar los valores pagados y eliminar los registros de las infracciones (21).
